El ajuste de Izar arranca en septiembre

Izar entrará en disolución en cuatro meses por la obligación de devolver más de 1.100 millones en ayudas recibidas desde 1999 declaradas ilegales por la Comisión Europea. El plan de viabilidad, que el Gobierno empezará a aplicar en septiembre, según fuentes cercanas al Ejecutivo, contempla el cierre de los centros que no sean rentables.

El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, puso ayer encima de la mesa, ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, la dramática situación en la que se encuentran sumidos los astilleros públicos, con pérdidas acumuladas de 477 millones desde 2000 y con una previsión para este año de 167 millones de pérdidas adicionales.

El panorama desolador de Izar está agravado, además, por la obligación impuesta por la Comisión Europea de devolver ayudas declaradas ilegales que ascienden a 1.100 millones.

Para intentar salvar el mayor número de activos posible, el Gobierno tiene previsto aplicar sin pérdida de tiempo el plan de viabilidad diseñado por el Grupo de Trabajo interministerial creado el mes de mayo pasado.

El PP defiende la prolongación de las ayudas públicas pese a la prohibición de Bruselas

De los ocho astilleros, sólo Ferrol y Cartagena tienen un nivel de ocupación aceptable

Las primeras medidas, como el cierre de los astilleros que no sean rentables, se acometerán en septiembre, según fuentes del Ejecutivo. En el diseño del plan sólo falta por definir la situación centro por centro y decidir la plantilla sobrante.

A pesar de que el nombre de los centros menos rentables aún no ha sido desvelado, Martínez Robles dio ayer algunas pistas al desgranar la situación que atraviesa el grupo de empresas públicas. El presidente de la SEPI reveló ante los diputados los niveles de ocupación efectiva de algunos de los diez centros de producción que integran Izar.

De los ocho astilleros, sólo los centros de Ferrol y Cartagena, especializados en construcción naval militar y que provenían de la antigua Bazán, tienen un nivel de ocupación aceptable, por encima del 90%.

En el resto, la situación es insostenible. Sestao permanece vacío, Fene (en A Coruña) y Gijón no tienen contratos propios y trabajan para programas militares de Ferrol. Puerto Real, Sevilla y San Fernando están agotando su cartera de pedidos.

Martínez Robles culpó de la situación límite que viven los astilleros al Gobierno del PP. 'La responsabilidad cae sobre el anterior Gobierno sin atenuante alguno', aseguró. 'La estrategia de fusión de Bazán con AESA disparatada, perjudicando a los astilleros militares sin beneficiar en nada a los civiles; se ha mantenido un empleo ficticio, sin poder captar grandes contratos; se han desatendido las advertencias de la Comisión y obstaculizado sus controles'. En suma, según afirmó Martínez Robles, 'se ha llevado a la quiebra a los astilleros públicos'.

El diputado del PP por La Coruña Arsenio Fernández de Mesa criticó la intervención del presidente de la SEPI por considerar que 'se ha limitado a presentar el certificado de defunción de los astilleros'. El diputado popular defendió prolongar las ayudas públicas para 'no dejar morir Izar'. '¿Por qué el PSOE defiende las ayudas a las eléctricas y no se parten la cara en Bruselas por las ayudas al naval?', se preguntó.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, presente por unos minutos en la Comisión,calificó de 'lamentable' que el presidente de la SEPI 'gaste 30 minutos en desprestigiar la tarea de un Gobierno que ha conseguido mantener activas todas las factorías de astilleros de España'.

Las medidas que propone el Gobierno

1 Separación de la actividad civil y la militar. La parte militar de Izar, los astilleros provenientes de la antigua Bazán, mantienen un nivel de actividad del 90% y son rentables. Además, las normas de competencia de la UE no les afectan. El Gobierno estudia inyectar más ayudas en la parte militar una vez escindidas ambas actividades.2 Atraer capital privado. La SEPI está decidida a vender al sector privado algunos activos de Izar, como la fábrica de motores de Manises, sobre la que ya hay varias ofertas, y los astilleros de Sevilla. También prevé segregar algunas actividades para facilitar a empresas privadas una toma de participación.3 Cierre de centros. La construcción civil europea ha disminuido a favor de países como Japón y actualmente sólo ocupa el 5% de la demanda mundial, según los datos de la SEPI. El Gobierno cree que hay que reducir la capacidad de Izar y cerrar los centros que tengan mayores dificultades para ser competitivos en el exterior. Sestao, Fene y Gijón son los que atraviesan una situación más crítica.4 Concentración de instalaciones. Los astilleros que tengan mayor flexibilidad de utilización, como Sevilla, bien por su localización geográfica o por el tipo de buque en el que pueden ser utilizados, serán unidos con otros y asumirán la carga de trabajo conjunta.4 Reducción de empleo y nuevo convenio. Los despidos serán inevitables. La plantilla actual de Izar, 11.000 trabajadores, puede quedar reducida a más de la mitad. Además, la SEPI se propone definir un nuevo marco de relaciones laborales, que incluya mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo.5 Industria auxiliar. El plan tendrá especial cuidado en preservar la industria que hay alrededor de los astilleros, intentando afectar lo menos posible los puestos de trabajo indirectos, que, según los sindicatos, superan los de los astilleros.

Los alcaldes crean una comisión de afectados

Los alcaldes de los municipios de San Fernando (PP), Puerto Real (IU), Cádiz (PP), Cartagena (PP) y Ferrol (PP), acordaron ayer, al término de una reunión mantenida en Madrid, constituirse en comisión de municipios afectados. Sólo el alcalde de Sevilla, del PSOE, decidió no integrar la comisión. En la reunión, acordaron solicitar una reunión con el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, para tratar el futuro del sector naval y pedir integrar la comisión interministerial encargada de elaborar el plan de futuro. También se reunirán con los sindicatos con mayor presencia en el sector. Los alcaldes reunidos en Madrid representan a localidades donde Izar emplea a 9.000 personas, el 90% de sus trabajadores en plantilla.