El papel eléctrico de las autonomías
Que las comunidades autónomas pidan más poderes sobre la distribución eléctrica, cuando tienen las competencias exclusivas sobre ella, puede resultar algo paradójico. Pero lo cierto es que intereses superiores del Estado, de las compañías eléctricas o defectos del propio sistema han limitado esas competencias, impidiendo que los Gobiernos regionales sean más activos a la hora de controlar una actividad regulada. A la vista de las deficiencias crónicas de algunas redes españolas de distribución, que tienen su imagen más llamativa en los apagones estivales, se impone una clarificación de las competencias de las comunidades que, a simple vista, parece que se limitan a imponer sanciones fáciles de pagar a las eléctricas o de colocar trabas a las nuevas instalaciones.
Aprovechando la reforma que el Gobierno se dispone a abordar mediante un cambio del sistema de retribución o la transposición de las directivas sobre liberalización de los mercados energéticos, es preciso un debate sobre el papel que desempeñan las Administraciones regionales. No falta quien muestra su temor ante la posibilidad de que éste forme parte del debate más amplio sobre el Estado de las autonomías, pero es necesario analizarlo desde el análisis más prosaico de la mejora del servicio y de la gestión de las empresas. Aunque algunos sectores del Gobierno quieren ofrecer a las comunidades una participación en la gestión de las redes de media y baja tensión, no todas parecen sentirse capaces y sólo piden mayor transparencia y coordinación por parte de las empresas. æpermil;stas, por su parte, deben aceptar las competencias autonómicas y evitar recursos permanentes contras las normas que van aprobando los Gobiernos regionales, aunque su opinión técnica ha de tener un importante peso en el debate. Una de las cuestiones esenciales que el Gobierno debe resolver es por qué, a igual tarifa, la calidad del servicio es tan dispar en el territorio nacional. Y si es posible mejorar el sistema con el actual modelo tarifario.