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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cataluña acoge a la CMT

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el organismo regulador creado en 1996 para arbitrar los conflictos entre los operadores, dejará de tener su sede en Madrid para instalarse en Barcelona, iniciativa que satisface una vieja ambición de Cataluña y responde, además, a la promesa incorporada por el PSOE a su programa electoral de descentralizar los cuarteles generales de algunas instituciones. La decisión fue anunciada ayer por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, después de la reunión mantenida con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, previa a la cumbre bilateral que ambas Administraciones celebrarán hoy en Madrid, la primera desde hace tres años.

El próximo traslado de la CMT a Barcelona ha sido recibido con cierto alborozo por los representantes políticos catalanes, el PP incluido, y con algunas reservas por el, al menos en esta ocasión, imprudente presidente del organismo, Carlos Bustelo, que percibe el riesgo de fuga de empleados valiosos. Este problema subsanable que apunta Bustelo no debe ocultar otros inconvenientes de peso, de naturaleza más política y de más envergadura.

Ante todo, es exigible que el Gobierno dosifique su compromiso de descentralizar las instituciones con un mínimo de prudencia, requisito que implica cuidar las formas -fue Maragall y no el Gobierno central el primero en anunciar el acuerdo- y vigilar los posibles agravios comparativos que medidas de este porte pueden originar en el resto de comunidades. Si es cierto, como anticipó el presidente de la Generalitat, que Cataluña tendrá mayor presencia en los consejos de los organismos reguladores y en compañías como Renfe, es lícito preguntarse qué papel van a tener en ellas el resto de los territorios para evitar cualquier sombra de trato privilegiado. En todo caso, buena noticia para Cataluña, obligada a aprovechar esta oportunidad como palanca para atraer inversiones tecnológicas. Y, sobre todo, buena noticia para la imprescindible descentralización institucional que necesita España.

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