Bruselas cuestiona hasta la 'ayuda psicológica' del Estado a France Télécom
El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, intentará hoy convencer al resto del ejecutivo comunitario de la pertinencia de exigir que la operadora de telecomunicaciones France Télécom abone al Estado francés los cientos de millones de euros que la compañía se ha ahorrado desde 1994 como consecuencia de un trato fiscal de favor.
Monti concluye así una investigación iniciada oficialmente en enero de este año, pero que arrancó en 2001 tras una queja presentada en Bruselas. El equipo de Monti calcula que la ayuda ilegal asciende a unos 1.000 millones de euros, pero las dificultades para convencer al resto de comisarios puede hacer que Bruselas deje finalmente sin concretar esa cifra.
Fuentes familiarizadas con el expediente indicaban ayer la posibilidad de que el veredicto negativo delegue en el Gobierno francés la tarea de calcular el montante que realmente se ha ahorrado la compañía en los últimos años.
France Télécom se benefició de un trato de favor desde que el Gobierno francés eximió a la compañía en 1991 del régimen general del impuesto de sociedades. En 1994, París diseñó un calculo específico de la base imponible para la operadora, mucho más benévolo que el del resto de las empresas, y le aplicó un tipo de imposición diferente a la compañía
Apoyo en entredicho
El comisario Monti, en lo que se presenta como una primicia del derecho comunitario de competencia, también quiere fallar hoy contra la 'ayuda de estado psicológica' que a finales de 2002 prestó a la compañía el entonces ministro de Economía, Francis Mer.
France Télécom atravesaba una grave crisis económica y de credibilidad ante los mercados, por lo que Mer anunció repetidamente la intención del Gobierno de socorrer a la compañía con una línea de crédito de hasta 9.000 millones de euros.
Y aunque la ayuda pública nunca llegó a materializarse, Bruselas considera que el respaldo oficial permitió a la operadora lograr en condiciones más favorables la financiación privada necesaria para superar la crisis.
La CE no exige en este caso devolución de ayudas, ya que no hubo tales en este proceso.