Una vía de agua en las pensiones
La Seguridad Social goza de una salud financiera férrea, con un superávit de gestión de más de 7.000 millones de euros por contingencias comunes, además de otras jugosas plusvalías ordinarias que proporciona el sistema de protección por desempleo o el fondo de garantía salarial, ambos también con excedente de recursos. Pero esta abundancia en la que nadan los gestores ha relajado su celo financiero y ha permitido que en los últimos años se hayan puesto en marcha mecanismos para estimular la contratación y la contributividad, y se hayan convertido en vías de agua para las finanzas del sistema público de protección.
Ese es el caso del mecanismo de prejubilación flexible y gradual que se puso en marcha en enero de 2002 y que ha producido unos resultados cuando menos sorprendentes. Al menos 100.000 trabajadores han accedido a su retiro parcialmente sin sufrir las reducciones de la cuantía que se le aplican al común de los mortales que deciden ser pasivos antes de los 65 años. A través de la jubilación parcial, se reduce la jornada del trabajador hasta un 85%, se percibe similar porcentaje de pensión y, al alcanzar los 65 años, no se produce ninguna minoración de la prestación económica.
Este sistema genera una pérdida notable de recursos para la Seguridad Social, además de convertirse en una práctica imparable si las empresas encuentran un generoso mecanismo de ajuste blando de plantillas, y supone un agravio para quien sigue el itinerario que marca la Ley General de Seguridad Social en materia de jubilaciones anticipadas.
Esta práctica, que ha llevado a que el 64% de las jubilaciones de los asalariados se produzcan con menos de 65 años, debe corregirse. Pero los estímulos al fomento de la contributividad deben ser cuidadosos con una de las verdades sagradas del mercado laboral: la expulsión de efectivos cada vez con menos edad, pese a los intentos de los gobiernos por estirar normativa y efectivamente la edad de jubilación.