Hay que clarificar el agua
El debate político y el juego de intereses han conseguido prevalecer sobre el ejercicio de la razón en un asunto como el del agua, hasta el punto de enfrentar a colectivos poblacionales, según el autor, que reflexiona sobre lo que él considera que el trasvase oculta
Pocos ejemplos hay tan llamativos de los extremos que puede alcanzar la manipulación informativa como el del agua, materia que mueve votos, genera manifestaciones populares y despierta pasiones de toda índole cuando, paradójicamente, tanto los datos disponibles como los argumentos técnicos tienen tal contundencia que el acuerdo sobre el modo en el que hay que proceder con este bien, tan preciado como escaso, debiera estar fuera de duda.
Es triste constatar que el debate político, tan crispado en los últimos tiempos, y el juego de intereses, muchas veces inconfesables, han conseguido prevalecer sobre el ejercicio de la razón, hasta el punto de enfrentar injustamente a colectivos poblacionales, como viene ocurriendo con la suspensión del trasvase del Ebro que estaba prevista en el anterior Plan Hidrológico Nacional.
El trasvase no contemplaba la solución más fa-vorable bajo aspectos económicos, energéticos y medioambientales
Durante estos días, del 14 al 16 de julio, José Manuel Naredo, indiscutible autoridad en materia económica y medioambiental, va a realizar un nuevo esfuerzo de divulgación de lo que ocultaba este trasvase en su ponencia Las cuentas del agua secuestradas: el PHN 2000, información frente a mentiras y propaganda, que se enmarca en el encuentro patrocinado por la Universidad Complutense que se celebra en El Escorial bajo el título Las cuentas secuestradas: costes sociales y ecológicos del modelo económico actual, dirigido por el propio Naredo y por José Vidal Beneyto.
Naredo, con tesón y rigor, viene defendiendo en foros nacionales, que en ocasiones ha tenido que abandonar, como ocurrió ante su falta de apoyo en la Comisión Interministerial de Cuentas de los Recursos Naturales, así como ante la Comisaría Europea de Medio Ambiente, que la mala calidad del agua en el punto de toma del trasvase del Ebro no justificaba las grandiosas obras previstas. La mala calidad se demuestra mediante información objetiva e indiscutible: en primer término, por su falta de potencia osmótica, o poder de dilución dependiente del contenido en sales y medible por la conductividad del agua, y, en segundo término, por la falta de potencia hidráulica, dependiente de la cota sobre el nivel del mar y que, en el caso del trasvase del Ebro, presenta un perfil topográfico surrealista durante un recorrido de nada menos que 800 km y que se inicia en el azud de Cherta, a tan sólo 10 metros sobre el nivel del mar, de manera que ha de ir cuesta arriba, moviéndose a fuerza de bombeos para ascender a los 555 metros de los altos de Villena o a los 600 metros sobre el nivel del mar a que se encuentra el altiplano murciano.
La valoración de la amortización de la energía gastada en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras del trasvase, de la energía neta que requieren los bombeos (descontada la recuperada en las posibles turbinaciones en aquellos puntos del recorrido donde es posible) y de la energía requerida para rebajar a algo más de la mitad el contenido en sales y paliar por dilución, aireación o cloración la incidencia de otros contaminantes, lleva a Naredo a concluir que el metro cúbico trasvasado tendría un coste de entre 4 y 5,4 Kwh, lo que implicaría un coste del metro cúbico doble del que se produciría mediante desalación del agua marina.
Y no sólo se trata de que el trasvase no contemplara los costes de oportunidad de pasear agua de mala calidad por los montes, con cientos de kilómetros de infraestructuras y cientos de metros de bombeos, para acabarla llevando desde una España también seca a zonas costeras que pueden abastecerse en condiciones más económicas, sino que en ningún caso se contemplaba la solución más favorable bajo aspectos económicos, energéticos y medioambientales, que pasa por reconsiderar la eficiencia y la razón de ser de los usos del agua, con sus enormes posibilidades de ahorro y relocalización territorial.
El discurso político del nuevo Gobierno apunta en esta línea. Si, por una vez, pierden las grandes constructoras y los especuladores del suelo que esperaban beneficiarse con el trasvase del Ebro, poniendo como parapeto a los sufridos agricultores levantinos, mala suerte.