Bruselas restringe las ayudas públicas a empresas en crisis
Bruselas prohibirá a partir del 10 de octubre de este año que el Estado socorra puntualmente a las empresas que se han beneficiado durante la década anterior de algún plan de reestructuración financiado por el erario público. Esta medida, adoptada ayer por la Comisión Europea, exigirá además que las grandes empresas aporten al menos el 50% de los futuros planes de rescate.
Las normas comunitarias sólo exigen en estos momentos que transcurran 10 años antes de autorizar un nuevo plan de reestructuración con ayudas públicas, pero la Comisión Europea admite que los Gobiernos socorrer durante ese plazo (con préstamos o medidas puntuales) a las empresas que atraviesan una dificultad coyuntural.
A partir de octubre, según las directrices aprobadas ayer por la Comisión Europea a propuesta de la dirección general de Competencia, el plazo de 10 años se aplicará también a todo tipo de ayudas coyunturales, lo cual obligará a las empresas a superar las posibles dificultades sin el respaldo del Estado.
'Se trata de una política socialmente responsable', afirma la dirección general de Competencia sin ningún tinte de ironía. 'Las empresas que no pueden sobrevivir diez años después de su último esfuerzo de reestructuración no pueden proporcionar un empleo muy estable'.
La medida cerrará la caja pública a las numerosas compañías que desde 1994 han acometido algún plan de saneamiento financiado con dinero público. La lista incluye desde los casos más recientes como el grupo industrial francés Alstom hasta sectores enteros como el aéreo, incluida Iberia. Actividades como el naval, aunque tienen su propia regulación de ayudas de estado, también absorben repetidamente importantes recursos públicos. En 1997, España concedió 1.380 millones de euros en ayudas públicas a los astilleros ahora agrupados bajo la enseña de Izar. En teoría, era la última inyección para hacer viable el sector. Pero dos años después, el Gobierno añadía otra ayuda de 111 millones de euros (después declarados ilegales por el Tribunal de la UE) y en el año 2000 otros 500 millones (que debe devolver).
Las nuevas directrices constituyen el enésimo esfuerzo de la Unión Europea para reducir el volumen de las ayudas de estado, que todavía rozan los 90.000 millones de euros anuales (en torno al 1% del PIB comunitario). La Comisión ya anunció en el Consejo Europeo de Sevilla (junio de 2002), una revisión en 2004 de 'las directrices comunitarias sobre salvamento y reestructuración de empresas'.
Aprobado el plan de salvamento de Alstom
Alstom, aunque con un 30% menos de volumen, sobrevivirá de momento gracias al plan de rescate del Gobierno francés que ayer recibió el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. La participación pública en la empresa pasará del 18% actual a un máximo del 31%. A cambio, el grupo industrial francés se compromete a desprenderse da activos (incluida la fábrica de locomotoras de Valencia) por valor de 1.600 millones de euros y a encontrar en cuatro años socios que garanticen su viabilidad. En el mismo plazo, el Estado debe abandonar su participación.Los futuros socios, con los que Alstom deberá suscribir acuerdos industriales a largo plazo, no podrán estar controlados, salvo autorización de la CE, por el Estado francés.