Kioto: un reparto salomónico

Ninguno de los Gobiernos europeos que ha tenido que elaborar un Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de CO2 se ha encontrado con las dificultades que ha afrontado el español. Ningún país (quizá con la excepción de Grecia) ha tenido que presentar un documento tan trascendente en tan poco tiempo y ninguno ha tenido que manejar datos tan alejados del objetivo comprometido. Además, el Ejecutivo español se ha encontrado con un problema añadido: tener que negociar con un sector dividido, como es el eléctrico, en el que, a diferencia del resto, han sonado dos voces absolutamente contrapuestas. Teniendo en cuenta estas circunstancias, resulta encomiable la diligencia con la que ha actuado la comisión interministerial encargada de elaborar el PNA y el buen hacer de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para transmitir un mensaje de tranquilidad y credibilidad a la Comisión Europea.

Sin embargo, dos cuestiones empañan el resultado. Por un lado, una cuestión de forma: las empresas afectadas no han tenido fácil acceso al contenido de los borradores del plan y han recibido un trato de actores secundarios. De hecho, el plan ha sido remitido a Bruselas antes de hacerse público en España. Por otro lado, la asignación de derechos de emisión en el sector eléctrico sigue siendo ambigua, porque se definen los criterios, pero todavía no se detalla el reparto para cada una de las plantas.

Los criterios utilizados para las eléctricas son una combinación del histórico (reclamado por Endesa) y el de previsiones para plantas en proyecto (defendido por Iberdrola). Están por ver los efectos contantes y sonantes para cada una de las compañías, pero la opción salomónica a la que ha recurrido el Gobierno probablemente conseguirá el objetivo de 'dejar a todos moderadamente insatisfechos', esbozado con ironía por la propia Narbona. Y es posible que ésta sea la única manera de sacar adelante un reparto en el que tantas empresas se juegan tanto.