'The Economist' sobre España
La prestigiosa revista The Economist acaba de publicar un interesante análisis de la situación española. El título del largo artículo resume muy bien la tesis que se defiende: La segunda transición. Lo que viene a decir The Economist, y yo estoy de acuerdo, es que España, que ha experimentado una notable modernización en los últimos 25 años, necesita dar un salto en la consolidación institucional que conduzca a un mayor desarrollo de la sociedad civil y a una gestión pública más transparente.
Todas las deficiencias que apunta el análisis del semanario son manifestaciones de un cierto raquitismo institucional. Desde la falta de independencia de la cúpula del sistema judicial hasta la carencia de organismos independientes de opinión con un prestigio consolidado, pasando por la dependencia de las televisiones públicas respecto de los poderes políticos. También las deficiencias en el sistema económico son expresión del mismo raquitismo: una clase empresarial tímida y continuamente mirando al Gobierno (que llega a opinar sobre el nombramiento de consejeros en empresas privadas), un gobierno corporativo poco estricto, una mala regulación de los mercados, una deficiente supervisión de la competencia, etc.
The Economist advierte sobre la necesidad de afrontar las tres 'p' de la economía española: precios, productividad y pensiones. Es decir, la persistencia de un diferencial de inflación con los países con los que se comparte moneda, la divergencia de productividad con la UE y las dificultades que pueden surgir a medio plazo en la financiación del sistema de pensiones. Los dos primeros problemas están íntimamente ligados (creo yo, y el semanario no discreparía) con las deficiencias institucionales. Los problemas de competencia en los servicios (la distribución incluida) son importantes para explicar el diferencial de inflación. Pero también inciden negativamente en la evolución de la productividad.
Un mercado poco competitivo y con costes de despido altos no es escenario propicio para el esfuerzo innovador
No hay duda de que España tiene un problema de productividad. El mensaje de la comparación del profesor Blanchard entre Estados Unidos y Europa, en el sentido de que buena parte de la diferencia en la productividad por persona en las dos áreas se explica porque los europeos trabajan menos horas que los americanos (pues la diferencia en productividad por hora y en productividad total de los factores son más pequeñas), no es de aplicación a España. Los españoles tenemos una productividad por persona menor (y crecientemente menor) que la media de los europeos, pese a que trabajamos más horas que ellos.
La pretensión de responder al problema con el fomento de la educación y de los gastos en I+D es incompleta. Las medidas para aumentar el conocimiento técnico son insuficientes. Se necesita que empresarios y empleados quieran obtenerlos y aplicarlos. Es importante que el sector privado aumente las actividades de I+D+i, pero su bajo nivel es más una consecuencia de los mismos factores que determinan el escaso avance de la productividad que la causa de ese lento avance. No habrá fomento significativo de esas actividades mediante políticas públicas directas mientras persistan los factores que también desalientan el progreso de la productividad. Y estos factores son fundamentalmente institucionales. Formales e informales. Formales como la mala regulación de los mercados de bienes y de trabajo, la inclinación de los Gobiernos a intervenir en la vida empresarial, la deficiente supervisión de la competencia, la ineficacia de la justicia en asuntos económicos, etc. Las informales se refieren a la baja valoración social del empresario y al hecho de que resulte más rentable realizar promociones inmobiliarias en la cercanía de los poderes locales que poner en marcha una empresa que lance nuevos productos o que contribuya a aumentar la productividad de otras empresas.
Un mercado poco competitivo, combinado con un entorno laboral con costes de despido altos y una estructura salarial impuesta sin tener en cuenta la realidad de la empresa, no es un escenario muy propicio para el esfuerzo innovador, ni de los empresarios ni de los empleados. Otros factores presentes en la realidad española pueden empeorar aún más las cosas (restricciones a la gestión interna de los recursos humanos, presiones políticas en las decisiones empresariales, etc.).
Para enderezar esta situación es necesario liderazgo. Pero ese liderazgo, aunque requiera algún cambio normativo, no tiene que manifestarse en un torrente de acciones legislativas, sino más bien en una supervisión eficaz y transparente, en la potenciación de los distintos niveles institucionales y en la estricta asunción de responsabilidades. Todo ello representaría una segunda transición.