La juez concluye el sumario del 'caso Gescartera' y ve indicios de estafa, apropiación y falsedad
La juez de la Audiencia Nacional instructora del caso Gescartera, Teresa Palacios, ha dictado hoy un auto en el que considera concluida la investigación de la causa y aprecia indicios de delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. La magistrada da un plazo a las acusaciones para que se pronuncien sobre si consideran necesario algún nuevo testimonio y sobre si procede o no la apertura de juicio oral.
En caso de que pidan la apertura de juicio oral, en un plazo total de 20 días la Fiscalía y las acusaciones particulares deberán formular escrito de acusación. Contra el auto dictado hoy cabe presentar recurso en el plazo de tres días.
Agujero de 50 millones
La juez Palacios cifra en 50,1 millones de euros (8.348 millones de pesetas) el dinero desaparecido, sin tener en cuenta otros 3 millones de euros (500 millones de pesetas) en pérdidas atribuidas a testaferros, según las estimaciones de los peritos de la Agencia Tributaria.
El auto señala que Gescartera no aplicaba los fondos de los clientes en inversiones. "Por el contrario, se apropiaba del dinero entregado por sus inversores" y lo utilizaba para "actividades de la sociedad y el beneficio de sus responsables". La agencia ordenaba operaciones de compraventa de acciones en el día (intradía), asignando "aparentemente" ganancias a los clientes y colocando las pérdidas a "un testaferro utilizado por Gescartera".
Las personas que hacían estas operaciones, imputadas en la causa y que han declarado ante la juez Palacios, son Antonio Camacho, propietario de la agencia de valores; José María Ruiz de la Serna, que procedía de la CNMV "y se dedicó a ocultar" a este organismo "la realidad de lo que ocurría en Gescartera"; Pilar Giménez Reyna, presidenta de la entidad y que estaba "al tanto de lo que ocurría" e instó a los clientes a que informaran a la CNMV de "saldos distintos a los realmente gestionados".
Entre otros, también están imputados Agustín Fernández Ameneiro, quien "colaboró con Ruiz de la Serna en encubrir el desfase de fondos"; Francisco Javier Sierra de la Flor, encargado de librar los cheques con que los responsables de Gescartera disponían de los fondos de los clientes; Aníbal Sardón, comercial de Gescartera; Laura García Morey, novia de Camacho y responsable del departamento de gestión.
Sin embargo, "siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal", la juez ha desestimado la petición de imputar a ex responsables de la CNMV como Pilar Valiente, Juan Fernández Armesto o Luis Ramallo, entre otros.
Recursos de Adicae
En una nota de prensa hecha pública hoy, Adicae anuncia que presentará recursos tanto contra el auto que decide no imputar a ex responsables de la CNMV como contra la resolución, también dictada hoy, de concluir la investigación del caso y pedir opinión a las acusaciones sobre si procede la apertura de juicio oral.
Según Adicae, la juez pretende "cerrar en falso la investigación sobre Gescartera sin que se haya clarificado ni una décima parte de la monumental estafa". "El cierre de la investigación se produce a pesar del absoluto desconocimiento del destino de más de 108 millones de euros defraudados y sin haber llamado a declarar a personas cuya implicación o relación directa con los hechos es evidente", añade la asociación.
La instrucción del caso comenzó en julio de 2001. Un mes antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores tras detectarse la falsificación de unos membretes de Caja Madrid en certificados emitidos por Gescartera.
El 17 de julio de aquel año ingresó en prisión el máximo accionista de esta sociedad y principal imputado en la causa, Antonio Camacho, que desde entonces sólo ha abandonado el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para declarar en la Audiencia Nacional.
Los ex responsables de la CNMV no serán imputados
Entre los imputados no estarán los ex presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente, y del ex vicepresidente Luis Ramallo, como fue solicitado por varias acusaciones particulares. Así lo ha dictaminado la juez Teresa Palacios. En su notificación, la magistrada también desestima la petición de esas mismas acusaciones de llamar a declarar como imputados al ex secretario de la CNMV Antonio Alonso Ureba; al ex subgobernador del Banco de España Miguel Martín Fernández; al ex consejero de la CNMV José Manuel Barberán; y a José María Roldán, que fue jefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando éste era ministro de Economía. Las acusaciones -en concreto la agrupación de clientes de Gescartera representada por el abogado Andrés Vilacoba, la Gestoría Montalvo, y la asociación de usuarios de bancos Adicae- señalaban que estas personas debían ser imputadas por delitos como la omisión del deber de los funcionarios públicos de perseguir delitos y receptación. Según informó Adicae, la juez desestima la petición de imputar a estas personas siguiendo "los criterios del Ministerio Fiscal".