La juez declara a Caja Madrid responsable civil en Gescartera
La juez Teresa Palacios declaró ayer a Caja Madrid Bolsa responsable civil subsidiaria en la desaparición de los fondos de los clientes de Gescartera. La entidad deberá responder, si prospera el auto y en caso de no hacerlo los principales acusados, por 14 millones de euros de los 108 que desaparecieron.
La declaración de responsabilidad de Caja Madrid en el caso Gescartera supone un salto cualitativo en una instrucción que dura dos años y medio. En un auto emitido ayer, la juez Teresa Palacios admite la petición de Anticorrupción, según la cual Gescartera necesitaba la connivencia de Caja Madrid Bolsa para distraer el dinero de los inversores.
El auto, que no es firme y admite recurso, haría responsable a la entidad -en el caso de que los responsables principales se declaren insolventes- sobre 14 millones de euros, un 13% del total de patrimonio desaparecido. Caja Madrid presentará hoy el citado recurso. Su resolución determinará la eventual responsabilidad civil. 'Hay que valorar en qué medida el responsable civil ha facilitado la comisión del fraude, por lo que los 14 millones no equivalen necesariamente a lo defraudado a través de Caja Madrid', explican fuentes cercanas al caso.
Según el auto de la juez, el representante de Caja Madrid Bolsa Antonio Pérez Hernández y el apoderado de Gescartera, Javier Sierra de la Flor, firmaron un contrato de subcustodia de valores que contravenía la ley para permitir el fraude. Así, aunque formalmente los fondos se anotaban en las cuentas de cada cliente, en la gestión de operaciones no se separaban unos de otros y era Gescartera -no los clientes- quien disponía del capital. Las operaciones a cuenta de éstos se compensaban entre ellos o contra una cuenta global, la número 171.500 a nombre de la firma. 'Ello permitía que la cartera de un cliente se trasladase a otro o que el fruto de la venta de la misma fuera utilizado en interés de Gescartera y no del titular de los fondos', explica el fiscal.
La caja permitía trasladar el dinero de un cliente a otro o a la cuenta de Gescartera
Concluye, así, que Caja Madrid infringió la norma, que era consciente de que Gescartera operaba con fondos de clientes y que, si hubiese cumplido la normativa, no se habría producido apropiación de los fondos depositados en la caja.
Caja Madrid señala que 'en ningún momento del procedimiento, por parte del Banco de España o de la CNMV o cualquier otro regulador se ha apreciado ningún incumplimiento normativo de los señalados en el citado auto'. La CNMV afirma que hasta 2002 no hubo un registro oficial de sanciones, y ayer no podía determinar si existió sanción o no contra Gescartera o Caja Madrid por estos conceptos.
Poco antes de la intervención de Gescartera, cuando la CNMV exigió a la firma justificantes sobre el paradero de los fondos de clientes, ésta respondió con un certificado falso de La Caixa, e intentó falsificar un sello de Caja Madrid. La denuncia de este intento de falsificación desencadenó la intervención de la CNMV.
Adicae reclama más imputados
Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, celebra la imputación de Caja Madrid como responsable civil subsidiario, pero ve posible 'la apertura de otras responsabilidades a diversas entidades como La Caixa, Bankinter, la ONCE o Deloitte & Touche'. La asociación, que ejerce tanto de acusación particular -a través de sus socios- como popular, ha pedido anteriormente la citación de estas entidades como imputados.Estas peticiones, sin embargo, han sido rechazadas. 'La declaración de responsabilidad subsidiaria de Caja Madrid refuerza nuestras tesis de que el fraude no lo pudo cometer sólo Antonio Camacho y sus cómplices en Gescartera, sino que necesitó de la colaboración de diversos estamentos', añadió ayer un portavoz de la asociación. En el caso Gescartera están imputadas unas 50 personas, entre las que están empleados de entidades financieras. La instrucción, según fuentes jurídicas, está a punto de concluir, ya que la juez no tiene intención de llamar a declarar a nadie más. Tras la finalización del proceso, la magistrada emitirá un auto de conclusión de diligencias previas y fijará los acusados definitivos. Después de ese paso, las partes tendrán un plazo para presentar escrito de acusación. La Sala de los Penal de la Audiencia fijará entonces la fecha para el inicio del juicio.