Balanzas fiscales, una discusión estéril
Se está hablando tanto de financiación autonómica, déficit fiscal, balanzas fiscales, solidaridad o insolidaridad interterritorial, déficit sanitario y otros muchos conceptos, que puede dar la sensación de que cuando se reclama que se revise el actual modelo de financiación autonómica se están únicamente reivindicando mayores ingresos para una comunidad autónoma en particular. Lejos de ser ésta la realidad, conviene reflexionar al respecto.
La primera cuestión es contestarnos qué significa autonomía financiera o, mejor, qué exigencias mínimas se derivan del Estado de las autonomías. Autonomía no puede ni debe significar una mera descentralización del gasto público. Es, principalmente, capacidad de autogobierno dentro de los límites que nuestro Estado de Derecho nos permite. Capacidad de autogobierno significa capacidad no sólo para aprobar y gestionar determinadas políticas de gasto e inversión, sino también para establecer y gestionar los tributos que necesarios para financiarlas. Capacidad para establecer y gestionar los tributos, significa capacidad no tan sólo normativa sino de gestión, recaudación e inspección.
El error del actual modelo de financiación es haber dado prioridad al importe a percibir por las comunidades y a la participación en los ingresos de los diferentes impuestos, en lugar de haberlo hecho respecto a los principios que deben regir un modelo sólido y estable sin perjuicio de las necesarias y periódicas revisiones.
Autonomía no puede ni debe significar una mera descentralización del gasto público
Sin cuestionar la mínima e indispensable igualdad que todo sistema tributario debe garantizar a nivel estatal, es posible un modelo que se ajuste más a las realidades territoriales de cada una de las comunidades sin que se califique de insolidario o discriminatorio. ¿Acaso alguien califica hoy como tal al modelo vasco o navarro? Es imprescindible avanzar hacia un modelo con mayor capacidad normativa; por ejemplo en el Impuesto de Sociedades, básicamente, con relación al régimen especial de empresas de pequeña dimensión, y en el IVA, respecto al régimen especial del comercio minorista y al simplificado. También es posible hoy una Agencia Tributaria propia que comparta y coordine sus actuaciones con una Estatal. ¿Dejará de lucharse contra el fraude en alguna comunidad por el mero hecho de tener agencia propia? Lo importante no es crear agencias autonómicas, sino la debida coordinación y transparencia de las distintas agencias y Administraciones para luchar conjuntamente contra el fraude fiscal.
Transparencia, también, para que cada comunidad disponga de la información necesaria para evaluar y cuantificar el impacto que una determinada modificación legislativa puede tener en la recaudación de los impuestos en los que se comparte la capacidad normativa. Por ejemplo, ¿sabe hoy la Generalitat de Cataluña la incidencia que tendría modificar la deducción por inversión en vivienda habitual o cualquier otro aspecto sobre los que ya tiene o puede tener capacidad normativa en el futuro? Creo que ni la Generalitat hoy conoce, ni el Estado comparte con ella, esa básica e imprescindible información para gestionar eficazmente los recursos tributarios de cualquier comunidad.
Un nuevo modelo de financiación no ha de aplicarse necesariamente a todas las comunidades aunque sí debe ser susceptible de ser aplicado en condiciones similares. Debe fijar, con claridad, los criterios por los que ha de regirse la necesaria corresponsabilidad y solidaridad y, en definitiva, las transferencias de nivelación entre comunidades. Solidaridad, que como acertadamente ha señalado el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, significa que toda comunidad esté en condiciones de prestar niveles similares de servicios si realizara un esfuerzo fiscal similar. No se trata de negociar el importe de los ingresos a recibir, sino los principios básicos de un modelo que permita el ejercicio efectivo de la política autonómica.
No afrontar el problema de la financiación no es la mejor forma de solucionarlo. La discusión sobre las balanzas fiscales es tan estéril como inútil ya que no existe un único método para cuantificarlas. Existen tantos resultados como métodos distintos hay para calcularlos. En consecuencia, lo más razonable y sensato es avanzar hacia un modelo que permita de forma real el autogobierno político dentro del actual marco constitucional. Descentralización y autonomía son, en este sentido, dos cosas distintas. Sólo el consenso político y la confianza en los mecanismos de redistribución harán posible avanzar hacia ese necesario nuevo modelo.