Acuerdo pírrico
La abstención registrada en las últimas elecciones europeas muestra claramente el desinterés de los votantes por una institución -el Parlamento europeo- y unas cuestiones que les parecen ajenas -las que el proyecto de Constitución pretende aclarar definitivamente-, al tiempo que subraya la inmensa distancia que separa sus preocupaciones de las de sus dirigentes políticos.
En este clima, las recientes reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas han confirmado todas las sospechas que sobre la llamada 'construcción europea' probablemente albergaban quienes se quedaron en casa el 13 de junio.
En esa reunión se aprobó por fin el texto de la futura Constitución Europea y con él un complicado sistema de reparto de poder que, calificado como un éxito por el actual Gobierno, otorga a España un peso mucho menor que el alcanzado en Niza, con la correspondiente reducción de su capacidad de maniobra para defender sus intereses en los años venideros.
Pero no es ese su único lunar, ya que permanece lo farragoso de un texto desmesurado por lo extenso y oscuro, así como por la indefinición del modelo político de unión que persigue: ni logra ser una federación ni puede calificarse como confederación de Estados. Y es que el proyecto de Constitución, elaborado bajo la interesada batuta del ex presidente francés Giscard d'Estaing, ha permanecido empantanado durante un año por los forcejeos a propósito de dos grandes cuestiones: la primera, el equilibrio de poder entre Bruselas -como centro representativo de la Unión- y los Estados nacionales; lo cual conducía a la segunda de las cuestiones; a saber, qué asuntos requerirán acuerdo unánime o mayorías cualificadas.
Y todo ello con el telón de fondo que supuso la negativa franco-alemana a aceptar las sanciones por su incumplimiento del Pacto de Estabilidad. Recuérdese que la declaración de Laeken -diciembre de 2001- obligaba a encontrar un equilibrio en la distribución de poderes: sin embargo, los redactores del proyecto de Constitución olvidaron ese mandato y redactaron un texto escorado hacia 'el centro'. Ese sesgo reforzó las desconfianzas de opinión pública y Gobiernos como el inglés, y de ahí la exigencia de unanimidad en cuestiones tan sensibles como la política exterior, la fiscalidad, la cooperación judicial penal o la Seguridad Social, así como las reticencias iniciales de España y Polonia para renunciar al peso obtenido en el Tratado de Niza.
Y por si fueran pocas las dificultades, la actitud de Francia y Alemania, negándose a aceptar las sanciones por sus incumplimientos del Pacto de Estabilidad, demostró que ciertos países están dispuestos a infringir un tratado internacional para defender sus intereses nacionales.
El resultado es que, por muy grande que sea el alivio producido por los recientes acuerdos de Bruselas, la UE sigue estando en una situación muy delicada. Ante todo, porque el texto corre el peligro de no ser ratificado por el electorado de alguno de aquellos países en los cuales se someta a referéndum -a este propósito, me parece peligrosa la postura de aquellos analistas españoles que ya han empezado a afirmar que puede subsistir una UE sin Gran Bretaña-, y confío que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no se confunda y juzgue que el nuevo 'talante' de los españoles permitiría que se les hurtase la ocasión de decir ellos si aceptan o no ese texto. A ello se unen los temores desatados por la reciente ampliación y sus consecuencias sobre la efectividad de los grandes principios en que hasta ahora se ha venido basando la UE -libertad de movimiento de los ciudadanos, creación de un mercado único de bienes y servicios y proyecto firme de una única moneda-. Pero si en el futuro próximo se lograse dar una respuesta satisfactoria a esas preocupaciones, subsistiría entre los ciudadanos de la Unión una sospecha muy profunda respecto a la actitud de sus representantes políticos en una cuestión clave: a saber, la continuación del proceso de ampliación. Seguir aceptando compromisos de ampliar lo que ya hoy es una estructura sin autentica cohesión y hacerlo con países cuyos valores son tan ajenos a los que podemos calificar como europeos sería una temeridad que los electorados seguramente no admitirían.