Las empresas deben negociar en sólo diez días el reparto por instalaciones
El Gobierno ha presentado un avance del PNA sólo por sectores. Hasta el 1 julio abordará otra dura tarea: la de negociar con las empresas la asignación por cada instalación. Y, aunque no ha desvelado si tendrá en cuenta los derechos históricos a la hora de otorgarlos, ya ha rechazado la creación de un pooling para el sector eléctrico.
Entre los derechos de emisión que las empresas afectadas han venido solicitando y los que finalmente figuran en el 'avance de borrador' del Plan Nacional de Emisiones que presentó ayer el Gobierno hay algunas diferencias. El sector que más ha recibido respecto a su petición ha sido el siderúrgico (un 97%), le siguen el de refino y el papel (algo más de 95%) y, con la menor cobertura respecto a lo solicitado, están el cemento (93%) y el eléctrico, sin Iberdrola, (92%). El de Iberdrola es un caso excepcional, pues solicitó para el trienio de prueba 209 millones de toneladas para su sector y éste ha recibido, finalmente, 264 millones de toneladas en promedio anual en ese periodo.
Según comunicó ayer el secretario general para la Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, a partir de hoy las empresas serán convocadas a reuniones para negociar la asignación de derechos por cada una de sus plantas o instalaciones, tal como exige la directiva.
El PNA incluye el uso de los llamados mecanismos flexibles: el de desarrollo limpio (conseguir créditos en países que hayan ratificado Kioto y que no tengan límites de emisión para empresas que estén instalados en ellos); el de Aplicación Conjunta (Países del Este) y el comercio de emisiones. Según el Gobierno, el volumen de créditos procedentes de estos mecanismos será de 100 millones para el periodo definitivo (en el que el esfuerzo de reducción adicional será importante) por lo que el coste ascenderá a 500 millones de euros. Según el PNA, en 2012 las emisiones españolas no deben sobrepasar un 24% las de 1990, pues al 15% comprometido se suma los créditos que se pueden obtener en el mercado internacional (7%) y la absorción de sumideros (2%) o políticas de reforestación.
Ayer, al final de la presentación, algunas de las empresas presentes se preguntaban si el Gobierno tendría en cuenta una de las reivindicaciones que han venido haciendo la mayoría: si se tendrán en cuenta los llamados derechos históricos (las emisiones que han producido en los últimos años) para realizar la asignación. Gonzalo Aizpiri aseguró que esto formará parte de la propia negociación. Lo que sí dejó claro es que la agrupación de empresas (o pooling) para obtener un reparto común sólo se admitirá, de forma voluntaria, en la industria, pero no en el sector eléctrico, por entender que en éste no hay competencia. 'El pooling no es deseable en este sector porque su sistema de retribución podría desincentivar el uso de tecnologías limpias', aseguró Arturo Gonzalo. Tampoco se admite 'el arrastre' de derechos del primer periodo al siguiente.
Reacciones. Buena acogida de las empresas
Endesa y Fenosa se muestran relativamente satisfechas
Endesa se mostró ayer 'razonablemente satisfecha' con la propuesta del Gobierno , por entender que los derechos otorgados al sector eléctrico (264 millones de toneladas de media para 2005-2007) están 'dentro del rango de expectativas' que ha manejado la empresa que, sin embargo, reivindicaba 290 millones de toneladas. Pese a ello, no quiso valorar el plan hasta analizarlo en profundidad. Sobre la decisión del Gobierno de no incluir el pooling aseguró que 'no era una exigencia' sino un mecanismo 'que puede beneficiar al consumidor'.Por su parte, Fenosa, que ha hecho un frente común con Endesa, Cantábrico y Viesgo, dijo que el PNA habrá tensiones en los preciosa, pero reconoce el esfuerzo del Gobierno 'en buscar el equilibrio entre las distintas peticiones del sector'.
La siderurgia expresa su 'preocupación' por el reparto
Gonzalo Urquijo, presidente de la patronal siderúrgica Unesid, expresó ayer su 'preocupación' por el reparto de emisiones que le ha asignado el Gobierno, aunque afirmó que su sector será 'prudente' y analizará 'adecuadamente' el borrador que, según Urquijo, supone una reducción 'importante' respecto a las cifras de 1990.Por su parte, Aspapel, la patronal del sector papelero, considera que el avance del borrador del Plan Nacional de Asignación de Emisiones 'penaliza a los fabricantes españoles frente a sus competidores europeos y supondrá una pérdida de competitividad para el sector'. También señala que el tratamiento de la cogeneración no responde 'ni a lo establecido en la directiva, ni al criterio seguido por otros países, ni a lo solicitado por los sectores afectados'.
'La propuesta es asumible por las compañías', según Iberdrola
Iberdrola, que ha mantenido su particular batalla ante el Protocolo de Kioto al propugnar un cumplimiento estricto, aseguró ayer que el PNA 'va en la buena dirección y es asumible por las compañías eléctricas'.Sin embargo, reconoce que su cumplimiento 'obliga al sector eléctrico a redoblar esfuerzos para reducir las emisiones'. Con todo, Iberdrola, que reconoce el esfuerzo que el Gobierno ha tenido que realizar para tener en 'tiempo récord' el borrador, mostró algunas cautelas: 'Habrá que esperar a conocer los criterios de asignación por instalaciones para realizar una valoración definitiva', señaló la eléctrica en una nota difundida ayer.Iberdrola reclamaba unos derechos de emisión de 209 millones de toneladas de media para el trienio de prueba.
Un estrecho calendario para llegar a Bruselas
'Las empresas afectadas por la directiva que a 1 de enero de 2005 no tengan asignados sus derechos de emisión se considerará que están recibiendo ayudas de Estado', aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Los plazos para la transposición de la directiva son muy estrechos y teniendo en cuenta que éstos deben otorgarlos las comunidades autónomas, el Gobierno quiere realizar la transposición en dos fases.El 1 de julio, tras las negociaciones con las empresas, se publicará el borrador definitivo, mientras que el PNA se entregará a la Comisión Europea antes del 1 de agosto. Mientras tanto, a lo largo del próximo mes, el Gobierno aprobará un real decreto en el que se incluirán todas las medidas adoptadas para que desde principios de septiembre quienes los necesiten soliciten sus derechos de emisión (se calcula un millar de solicitudes).En la primera semana de septiembre, el Gobierno se ha comprometido a iniciar en el Congreso el trámite de un proyecto de ley sobre el PNA, cuyo texto legal definitivo debe estar en Bruselas antes del 1 de octubre.Además de esta tarea, que tiene como fin 'la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la directiva con medidas que necesitan rango de ley', según Medio Ambiente, este ministerio elaborará un registro nacional de derechos de emisión. Por otra parte, el departamento que dirige Cristina Narbona designará la llamada Autoridad Nacional de los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto. Esta institución es imprescindible para que las empresas obtengan créditos de emisiones de otros países.