La reforma institucional mejora la eficacia y permite diferentes ritmos de integración
La Constitución Europea mejorará la eficacia de las instituciones comunitarias y aumentará la legitimidad del sistema de decisiones. El nuevo Tratado, cuya entrada no se producirá antes de 2007, facilitará, además, que los países que lo deseen compartan soberanía en ciertos terrenos sin esperar la unanimidad de todos los socios.
Las reformas institucionales más importantes entrarán en vigor en 2009, aunque otras, como la limitación del número de comisarios europeos, deberán esperar a 2014. Los Estados deberán turnarse entonces para enviar un representante a Bruselas.
El calendario puede trastocarse, porque todos y cada uno de los 25 Estados miembros deben ratificar el nuevo Tratado. El proceso incluye en algunos de ellos un referéndum de incierto resultado, y basta un tropiezo para congelar la entrada en vigor del nuevo Tratado. La convocatoria con más riesgo de fracaso, la del Reino Unido.
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró el viernes favorable a realizar una consulta si así lo acuerda el Congreso.
Con la Constitución nacerá la figura de Ministro europeo de Asuntos Exteriores. Se espera que este cargo, reservado en principio para el actual representante de Política Exterior, Javier Solana, contribuya a la coherencia de las posiciones internacionales de los Estados, cuyas discrepancias, como puso de manifiesto la guerra de Irak, pueden minar seriamente la estructura interna de la UE.
La Unión se dotará también de un presidente estable (con mandato de dos años y medio, renovable una vez), aunque la rotación semestral se mantendrá en los consejos sectoriales (Economía, Competitividad, etc.).
En noviembre de 2009, estos consejos incorporarán el sistema de voto que tan duro regateo ha provocado durante las negociaciones de la Constitución y que impidió el acuerdo el año pasado.
Las decisiones se tomarán a partir de entonces con el voto favorable de, al menos, el 55% de los Estados siempre que representen al 65% de la población (con una salvaguarda para impedir que sólo tres países puedan frenar una iniciativa comunitaria). El nuevo sistema multiplica las posibilidades de alcanzar acuerdos que, con el actual Tratado de Niza, son del 2,1%.
También en 2009 el Parlamento Europeo pasa de 732 a 750 escaños. España espera sumar cuatro a los 50 actuales.