El Gobierno prevé aprobar el plan de vivienda esta semana
El Gobierno quiere reducir hasta cerca del 30% la cantidad de dinero que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, comprometen de su renta familiar para acceder a una vivienda digna y adecuada, nueva o usada, en propiedad o en alquiler.
En respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, el Ejecutivo insiste así en su promesa electoral de reducir el esfuerzo del porcentaje de ingresos que una persona tiene que dedicar para tener acceso a una vivienda.
Aunque existe una gran disparidad respecto a cual es la cantidad de dinero que tiene que dedicar una persona o familia al pago de su vivienda, el Gobierno sitúa la media nacional en más del 50%, mientras que el Partido Popular lo hace en el 42% y las organizaciones sindicales en torno al 60%.
Esta reafirmación de la prioridad que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, otorga al tema se produce fechas antes de que su Gobierno apruebe el plan de choque de la vivienda, que contempla medidas urgentes para tratar de facilitar a los ciudadanos el acceso a un domicilio digno. La aprobación, con toda probabilidad, se realizará en el Consejo de Ministros del próximo viernes; el último del mes de junio, según fuentes oficiales.
Alquiler
Responsables del Ministerio de Vivienda anunciaron esta semana la aprobación, previsiblemente para finales de mes, de este plan, destinado a promover el alquiler, incentivar la utilización de viviendas vacías e impulsar la generación de bolsas de suelo de titularidad pública, entre otras objetivos.
El plan de choque de la vivienda fue una de las promesas electorales del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que prometió hacer más accesible la vivienda para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.
En concreto, se planteó garantizar el acceso a compra o alquiler de viviendas a 180.000 familias cada año durante su primera legislatura. El plan de choque se verá completado con el plan de vivienda 2005-2008, que tiene previsto incluir, entre otras medidas, la exigencia de reservar al menos el 25% del suelo urbano no consolidado y el urbanizable para la promoción de viviendas protegidas, preferentemente en alquiler o en derecho de superficie.
Además, se establecerán medidas para que los suelos públicos y privados inutilizados se destinen a la construcción de vivienda protegida y para potenciar el mercado del alquiler, que supone únicamente el 11% del total, frente al 54% de media de la Unión Europea.