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Tribuna
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Horarios comerciales, innovación e intereses

La discusión sobre horarios comerciales no ha hecho más que empezar. El Ministerio de Industria, Energía y Comercio propone reducir de 90 a 72 el mínimo de horas semanales de apertura y de 12 a 8 el número de festivos que se podrá abrir al año; por otro lado, Economía pretende mantener la apertura de festivos al menos en 12, como hasta ahora. La cuestión es extraordinariamente relevante para consumidores y empresas y, a pesar de todo, se ofrecen pocos argumentos, parece que predominan más los intereses o los tópicos: 'El comercio tradicional frente a los hipermercados', 'los pequeños empresarios frente a los grandes', 'el centro de la ciudad frente a la periferia'.

En primer lugar, por qué hay que establecer un marco regulador para los horarios del comercio. ¿Qué justifica su existencia? La regulación de horarios comerciales encuentra su justificación económica en que, a diferencia de la teoría de los mercados competitivos, la información no es perfecta, los consumidores y todos los actores sociales incurrimos en costes de información y búsqueda relacionados con dónde y cuándo comprar, a qué precios y condiciones, etcétera.

Como consumidores, tenemos que dedicar tiempo y recursos a reconocer las mejores ofertas porque en los mercados existen fricciones, hay información incompleta y no todo es trasparente. Los consumidores estamos parcialmente informados y para comprar incurrimos en costes de transacción. En este contexto, regular los horarios y aperturas mínimas permite ofrecer inicialmente información general a los consumidores sobre el escenario donde van a realizar sus transacciones y cuándo. Esa información sobre aperturas y horarios básicos actúa como un bien público , todos valoramos positivamente esa información que de entrada reduce la incertidumbre y los costes de transacción. Si cada tienda abriese cuando quisiera, aumentarían los costes de búsqueda para muchos consumidores.

La regulación de un ámbito mínimo de horarios y aperturas, ayuda a resolver un problema de coordinación esencial para que funcione bien el mercado, facilita el encuentro y la negociación entre demandantes y oferentes. Los consumidores se benefician porque se reducen sus costes totales y las empresas también, ya que aumenta la demanda.

Si nos concentramos en la disputa concreta, mantener o reducir la oferta de aperturas, habría que indicar dos argumentos y una evidencia. Un modelo de oferta comercial más restrictivo, pasar de 12 a 8 aperturas en festivos al año, como se plantea, perjudica a los consumidores, que van a tener más dificultades para encajar sus responsabilidades laborales y familiares con aperturas más limitadas. Cuando trabajamos o estamos en actividades familiares, están los comercios abiertos, mientras que cuando tenemos tiempo para el ocio y la compra pueden estar cerrados. Además, se reduce la competencia, al restringir las oportunidades de que las empresas compitan en horarios y servicios y no sólo en precios.

La evidencia aparece en un estudio reciente (O. Blanchard, 2004 MIT), que indica que las transformaciones del comercio minorista en EE UU, impulsadas por mayor liberalización, han tenido efectos muy positivos sobre la competencia y consecuentemente sobre la productividad y la innovación.

Así, se establece que la mayor parte del incremento de la productividad en el comercio minorista proviene de la apertura y cierre de establecimientos y no tanto de mejoras en los comercios ya existentes. La rivalidad entre las distintas plataformas comerciales ha jugado su papel.

Cuando algo que es más eficiente abre, algo menos eficiente cierra. La evidencia señala que cuando, por el aumento de la rivalidad, se sustituye un conjunto de tiendas tradicionales por un supermercado o una gran superficie, se produce un impacto favorable sobre la mejora de la productividad. Los nuevos formatos comerciales incorporan avances importantes en logística, aplicación de tecnologías de información, conocimiento de los consumidores, almacenamiento, transporte, gestión de stocks, servicios de pago...

Es decir, proteger a los más ineficientes tiene un coste adicional importante, retrasa la innovación y reduce el crecimiento de la productividad. Conviene saberlo , cuando se toman decisiones de esta trascendencia.

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