El Gobierno aprueba un borrador del plan sobre Kioto
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó ayer un borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisiones de C02 con criterios 'muy asumibles' por parte de todos los sectores, según declaró la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Pese a la expectativa generada por la ministra, que había convocado a los medios de comunicación para el mediodía de ayer, finalmente, el borrador no se hizo público.
La reunión de la Comisión comenzó muy tarde y, aunque se dio el visto bueno al primer informe del PNA, quedaron flecos por cerrar. Narbona explicó que, aunque 'la Comisión ha tenido muy poco tiempo para deliberar, ha alcanzado un acuerdo sobre el borrador, pero hay unas cifras que están pendientes de ajustar'. Según Narbona, estas 'pequeñas correcciones' se ajustarían entre ayer y hoy, por lo que el próximo lunes por la mañana, hará público el borrador, tanto a las empresas como a los medios de comunicación.
Ante el malestar de algunas empresas afectadas, que no van a tener acceso al plan antes que la prensa, fuentes del Gobierno aseguran que, de momento, se trata de un plan en el que se fijan asignaciones sólo por sectores y no por empresas. Desde el momento en que se haga público el borrador, se abrirá un proceso de explicación a los sectores incluidos en la directiva sobre comercio de emisiones, comunidades autónomas y los agentes implicados en el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Antes del 1 de agosto el plan debe ser presentado ante la CE para su aprobación.
Las eléctricas temen verse perjudicadas
Las empresas afectadas por la directiva que da cumplimento al Protocolo de Kioto no han recibido información oficial sobre el borrador del PNA que el Gobierno aprobó ayer. Tampoco, aseguran, han conseguido extraoficialmente datos sobre el contenido, pues su relación con los responsables de elaborar el plan se ha limitado a confirmar la información que entregaron al Gobierno del PP. Sin embargo, el grupo de empresas eléctricas que piden una asignación por 290 millones de toneladas de C02 entre 2005-2007 (todas menos Iberdrola) abrigaban ayer el temor de que estos derechos van a estar por debajo de los 270 millones.