Flexibilidad vigilada

La Tesorería de la Seguridad Social recauda cada año más de 70.000 millones de euros por aportaciones de los empresarios y los trabajadores, que constituyen, sin duda, el primer impuesto ingresado por el sector público, que, además, tiene preferencia de cobro en caso de dificultades en las finanzas de quien lo soporta y preferencia en el pago de las prestaciones que genera. Por tanto, es uno de los capítulos más abultados y preferentes entre los costes de las empresas, y determinante para sus márgenes de negocio y para su viabilidad.

La Seguridad Social ha establecido un mecanismo de rescate de las aportaciones ocultas al sistema con razonable perfección, que ha permitido un cumplimiento de las obligaciones sociales de las empresas y los autónomos muy cercano al óptimo. A ello ha contribuido, como no podía ser de otra forma, la buena marcha de la actividad económica en los últimos años, que ha generado holgura en las cuentas de las empresas y ha proporcionado al sistema de pensiones un ahorro anual de más del 10% de las aportaciones por cotizaciones.

Estas circunstancias han aconsejado a los gestores del sistema una flexibilización en los mecanismos de cobro a las empresas con dificultades. Pero tal relajación parece más propia de una etapa de problemas que de vacas gordas. Además, por las condiciones financieras establecidas para las sociedades que accedan al aplazamiento, puede convertirse en una vía alternativa de financiación barata, perfectamente competitiva con la más blanda de las líneas de crédito de la banca comercial. Este tipo de facilidades con carácter general debe ir acompañada de un mecanismo de vigilancia que garantice que sólo acceden a él quienes de verdad tiene dificultades coyunturales, y que evite que se convierta en práctica estructural de empresas saneadas.