Andalucía cobra su deuda del Estado
El Gobierno andaluz dedicará a inversión cerca del 70% de los 2.500,03 millones de euros que recibirá este año del Gobierno central como pago de la deuda histórica del Estado central con Andalucía.
'Ahora tendremos que reunirnos para repartir los fondos pero, al menos, entre 1.600 y 1.800 millones de euros irán destinados a inversiones, fundamentalmente, de infraestructuras, muchas de las cuales ya están comprometidas', dijo ayer a Cinco Días el consejero andaluz de Economía, José Antonio Griñán, poco después de la firma del acuerdo por el que se liquida la deuda pendiente con Andalucía del anterior sistema de financiación (1997-2001), tras ocho años de disputas entre ambas administraciones por discrepancias sobre el censo de población andaluz.
La firma se produjo tras la Comisión mixta, presidida por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y a la que estuvo invitada la titular de Fomento, Magdalena Alvarez (ex consejera de Hacienda andaluza). Al frente del Gobierno autonómico estuvo el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, acompañado de seis consejeros más. 'Es un día histórico en el que se ha hecho justicia, en el que se vuelve a la normalidad y se restablece la lealtad institucional', dijo Zarrías, reprochando las dificultades que, en su opinión puso el anterior Gobierno del PP, durante las dos legislaturas anteriores. Zarrías personificó en el ex vicepresidente del Gobierno Javier Arenas, las trabas impuestas por la anterior administración central.
El acuerdo de ayer incluye también el traspaso de 12 competencias pendientes, con un coste adicional de 91 millones de euros y el traspaso de 905 funcionarios. El pago del Estado a Andalucía por todos los conceptos se efectuará a través de un crédito extraordinario, con autorización del Congreso, dada la elevada cuantía (2.591 millones de euros en total)
Desde Almería, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro criticó que la firma del acuerdo se produzca en plena campaña electoral europea y que la Junta acepte los 2.500 millones de euros, cuando inicialmente pedía más dinero, informa Carlos Pizá.