El Gobierno aprobará en breve el borrador del plan de asignación

El Gobierno quiere llevar a la Comisión Delegada del próximo jueves un primer borrador de lo que será el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de C02, que se someterá posteriormente a consulta pública. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, avanzó ayer que se ha buscado un escenario con el menor coste posible para las empresas.

El Gobierno está perfilando las que serán las líneas maestras del Plan Nacional de Asignación (PNA) que exige a cada país la directiva europea sobre el comercio de emisiones de C02. Según fuentes de uno de los sectores afectados, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará el jueves de la próxima semana un primer borrador que se someterá después a audiencia pública.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que 'en los próximos días se dará un avance del PNA' y recordó que 'España y Grecia son los únicos países que ni siquiera han presentado un borrador'. En este sentido, anunció que 'la Unión Europea nos ha dado hasta el primero de agosto para presentarlo'. España tiene abierto un expediente por estar fuera de plazo desde el 31 de marzo.

En unas jornadas sobre el Protocolo de Kioto organizadas por el Club Diálogos para la Democracia, Narbona quiso lanzar un mensaje de optimismo, 'frente a las hipótesis tremebundas que se han manejado hasta ahora', a las empresas afectadas, cuyos representantes participaban también en el encuentro.

Hay idea de imponer topes de emisión de CO2 al sector del transporte

La ministra señaló que el Gobierno está trabajando 'en un escenario que tenga el menor coste posible para nuestros sectores en el periodo de prueba 2005-2007'. En estos años se debe 'producir una inflexión, un cambio de tendencia' en la emisión de gases de efecto invernadero, para afrontar el mayor esfuerzo en el periodo definitivo entre 2008 y 2012.

Aunque Cristina Narbona no concretó los escenarios que baraja el Gobierno, sí dejó claro que el PNA incluye también un esfuerzo de los sectores que no están afectados por la directiva (el más relevante, el del transporte) 'para los que se van a fijar unos techos'. 'Será un esfuerzo compartido por todos', indicó. Porque, uno de los objetivos es 'que España reduzca la intensidad energética el consumo por unidad de PIB, pues es el único país europeo en el que ha crecido en los últimos 10 años', según palabras de Narbona. De esta manera, 'se reducirá la factura energética y el déficit comercial, pues somos importadores', indicó.

Ayudas

La ministra desveló, asimismo, que el plan incluirá el uso de los llamados mecanismos flexibles para hacer menos costosa la aplicación de la directiva. Entre ellos, que las empresas que produzcan en otros países (léase Latinoamérica), puedan compensar derechos de emisión. También en esta línea, funcionaría el llamado fondo de carbono, con el que el Gobierno ayudaría a las empresas a compensar los déficit de derechos que se puedan producir.

'No hablo de dimensión ecológica, sino de competitividad', aseguró Narbona, para añadir a continuación que 'la directiva está para ayudar a las empresas y no para destruirlas. Las empresas desaparecen cuando no son competitivas'.

En cuanto a la posibilidad de que el Protocolo de Kioto no salga adelante, no descartó que Estados Unidos lo apruebe, si se produce un cambio de Gobierno tras las elecciones presidenciales de noviembre. Y añadió que 'con o sin Kioto, es necesaria una mayor eficiencia energética'.

Las eléctricas tendrán derechos históricos

El enfrentamiento a dos bandos que mantiene el sector eléctrico sobre Kioto (Iberdrola, por un lado, y Endesa con el resto de las eléctricas, por otro) se volvió a manifestar ayer con toda claridad. Sin embargo, a la vista de las informaciones que van llegando a las empresas sobre el plan de asignaciones que elabora el Gobierno, no habrá vencedores ni vencidos.Fuentes del sector aseguran que el PNA español, al igual que los de los restantes países europeos, tendrá en cuenta los derechos históricos (la emisión de CO2 en años pasados) para calcular lo que se ha de asignar. En este caso, el cálculo se hará desde el año 2000. Sin embargo, según las mismas fuentes, habrá unas reservas para las energías renovables.En el caso del pooling (agrupación de instalaciones de un mismo sector), el PNA español lo incorpora al igual que otros países, pero con carácter voluntario. Iberdrola rechaza esta propuesta, que ha sido reclamada por el resto de las empresas, 'para evitar la especulación', tal como aseguran en Endesa. Mientras Iberdrola solicita para el sector 209 millones de toneladas de CO2 entre 2005 y 2007, el resto de las eléctricas pide 290 millones.

La industria implora cuotas suficientes

Los sectores industriales afectados por la directiva sobre el comercio de emisiones (el siderúrgico, el del cemento, el azulejo o el papel) pidieron ayer al Gobierno derechos de emisión suficientes para garantizar su competitividad. En las jornadas sobre el Protocolo de Kioto, el director general de la patronal siderúrgica Unesid, Juan Ignacio Bartolomé, advirtió que la imposición de 'restricciones excesivas' al sector limitaría su crecimiento y perjudicaría la competitividad de las instalaciones españolas. Según Bartolomé, una menor asignación no se traduciría en una mayor reducción de emisiones, sino en la sustitución de producción nacional por importaciones. Desde 1990, la siderurgia ha reducido sus emisiones un 13%, mientras la producción ha aumentado un 40%.Por su parte, el director general de la patronal cementera Oficemen, Rafael Fernández, reclamó 'derechos suficientes y gratuitos' para producir de forma eficiente. Oficemen calcula que el sector necesitaría derechos para emitir 87,8 millones de toneladas entre 2005 y 2007. Con sólo un 90% de esa cifra, se tendría que dejar de producir 12,59 millones de toneladas de cemento, el 10% del mercado.