Transportistas y agricultores piden compensaciones por el alza del gasóleo
Los perjuicios que la subida de precios del crudo causa a los sectores productivos que tienen en el gasóleo un elemento indispensable provocó que sus principales asociaciones plantearan ayer al Gobierno un aluvión de medidas compensatorias.
Aunque los 0,445 euros por litro de gasóleo agrícola actuales (74 pesetas) aún están lejos de las 83 pesetas que alcanzó en 2000 y provocó la aprobación de medidas urgentes, las organizaciones advierten de que si la Administración no actúa, la crisis puede recuperar las dimensiones de entonces. A la espera de que el Ejecutivo responda, ninguna ha anunciado movilizaciones por el momento. En los últimos 11 meses el precio de gasóleo se ha incrementado en un 25 %.
La Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, una amalgama de profesionales afectados, exigió, tras reunirse ayer, la supresión del llamado impuesto sanitario, un tributo que el Gobierno del PP creó para sufragar las elevadas facturas de la Seguridad Social. 'Los transportistas no tenemos por qué pagar la sanidad', sostuvo el coordinador, Juan Antonio Millán. Según sus cuentas, supone una carga adicional de cuatro pesetas por litro que suben a siete en las comunidades que han legislado el tramo autonómico (Madrid, Galicia, Asturias y Cataluña).
Culpan a las petroleras
Los transportistas pretenden subir las tarifas de carga un 2,75%
Millán culpó del alza de precios al comportamiento de las petroleras españolas y pidió al Gobierno que se persone en la causa abierta contra ellas en la Audiencia Nacional. Millán recordó que el antiguo Ejecutivo presentó recientemente el informe pericial que le encargó en abril del 2003 el juez Ruiz de Polanco.
'Y creemos que puede estar amañado, porque han participado personas con intereses en el sector petrolífero'. También denunció que tiene datos 'que demuestran acuerdos para subir los precios' y reclamó un observatorio del sector de hidrocarburos que regule la competencia. 'Los profesionales dormiríamos más tranquilos', aseguró. La plataforma anunció otra reunión en 15 días, e impelió al Gobierno a actuar para que 'no se repitan las movilizaciones de 2000 porque nadie las quiere'.
Desde junio pasado, los agricultores han sufrido unas pérdidas de 300 millones de euros, según contabiliza la patronal Asaja. Para compensarlas, exigió al Ejecutivo que puedan disponer del anhelado gasóleo profesional, que aún colea después de haberse pactado en 2000.
Además, propuso una batería de medidas fiscales que, a su entender, caben dentro de la normativa europea y estatal: bajada de los módulos en el IRPF, aumento de la reducción de gastos de difícil justificación del 5% al 15%, condonación del impuesto sobre bienes inmuebles, reducción del tipo del IVA del 16% al 7%, subida del incremento del IVA compensatorio sobre productos agrarios del 8% al 10%, y exención del impuesto especial de hidrocarburos.
'No se necesita ninguna consulta a Bruselas', sostiene su presidente, Pedro Barato, que sustenta en el 'nuevo talante' de este Gobierno su convicción de que les 'echarán una mano, porque buena falta hace'. Barato recordó que los agricultores no pueden repercutir el aumento del precio del gasóleo a sus clientes.
Sí lo harán previsiblemente la semana próxima los transportistas. Su organización principal, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, anunció ayer que aplicará uno de los acuerdos firmados con tres patronales de sus clientes, los cargadores, durante la crisis de 2000.
Ese pacto preveía que cada subida o bajada del gasóleo de más del 5% acarrearía otras del 1,5% en las tarifas que pagan los cargadores. El aumento que los transportistas propondrán es del 2,75%. La decisión final es competencia de Fomento.