Los transportistas subirán las tarifas un 5% para compensar los máximos del gasóleo
Los transportistas de mercancías por carretera han acordado hoy con sus clientes, las empresas cargadoras, aplicar una subida del 5% en sus tarifas para paliar el efecto de la subida del precio del gasóleo, según han confirmado fuentes del sector.
En una reunión entre ambas partes que tuvo lugar hoy en el Ministerio de Fomento se acordó la medida que, que no es de aplicación obligatoria. Para una empresa de transporte de mercancías por carretera, el gasóleo supone casi un 30% de los costes fijos de explotación, por lo que el sector es especialmente sensible a la carestía del crudo.
Por otra parte, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, presentará mañana al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, un paquete de posibles ayudas a los agricultores y ganaderos en caso de que el actual aumento de costes por la subida del gasóleo agrícola sea persistente y se convierta en estructural.
Un momento difícil
Espinosa se ha reunido hoy con las organizaciones agrarias ASAJA y COAG. El presidente de la primera, Pedro Barato, incidió en la necesidad de medidas urgentes para un colectivo, cuya renta en el último año y medio arrastra unas pérdidas de 300 millones de euros. Explicó que los máximos del gasóleo coinciden con la campaña de recolección, que implica un mayor consumo y más costes e insistió en que además, en plena temporada de riego, más del 50% de los sistemas nacionales de regadío funcionan con gasóleo.
Espera que Solbes considere medidas "compatibles con la legislación comunitaria para evitar sanciones" de reglamentación nacional como las que afectan a la declaración del Impuesto de la Renta, la reducción de módulos o incrementar los gastos de difícil justificación del 5 al 15% para los que estén en el régimen de estimación directa, o bajar las cuotas a la Seguridad Social.
Desde COAG, su secretario general Miguel López también recordó que el sector necesita una Ley de Agricultura y Desarrollo Rural y medidas que garanticen el mantenimiento de las rentas de los agricultores ante la aplicación en 2006 de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).