Los políticos retrasan la adaptación de las cajas a la reforma del PP

Las cajas tienen seis meses desde que la comunidad autónoma apruebe los cambios en la ley regional para adaptar los estatutos a las nuevas exigencias que el Gobierno del PP aprobó en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos el año pasado. Cataluña prevé aprobarlo en breve mediante un decreto, mientras que Castilla y León ya ha iniciado el trámite parlamentario. En La Rioja, Caja Rioja ya ha comenzado a adaptar sus estatutos. Pero el resto de autonomías ha hecho pocos movimientos.

En principio, los cambios deberían estar listos a finales del ejercicio, pero el retraso de los Ejecutivos autónomos, que no parecen tener entre sus prioridades el cumplimiento de esta norma, hará imposible cumplir este plazo, constatan fuentes del sector.

Esto viene a complicar la ola de exigencias normativas aprobadas el año pasado que ahora afrontan las cajas.

Uno de los cambios principales, y el que nació con mayor significado político, afecta a la representación territorial en las asambleas de las cajas, que es el órgano de gobierno que luego elige al consejo de administración. El PP impulsó una reforma para obligar a las entidades a que dieran un peso proporcional a representantes de ayuntamientos e impositores (clientes) de otras comunidades autónomas donde la caja capte depósitos. Oficialmente siempre justificó la necesidad del cambio para que hubiera proporcionalidad en las cajas vascas y -menos oficialmente- para intentar reducir el peso nacionalista en algunas.

Sin embargo, en el seno de las cajas ha cobrado fuerza la tesis de que quizá la reforma del PP estaba pensada para La Caixa, tras las tensiones por el intento de opa de Gas Natural (participada por la caja) sobre Iberdrola. Las estimaciones realizadas por las cajas muestran que la entidad que preside Ricardo Fornesa es la más afectada, ya que tendrá que triplicar la representación no catalana, hasta que suponga en torno al 16%.

La Caixa prevé aprobar el cambio en los estatutos en la asamblea que celebrará antes del 30 de junio. Si bien, la entrada de representantes no se hará efectiva hasta la próxima renovación, en 2005.

Mientras, las tres cajas vascas estarán entre las menos afectadas por el cambio y pasarán a contar como máximo con tres representantes sobre una asamblea de 100 consejeros generales, según fuentes de las entidades. Para la BBK, la de mayor tamaño, y para Caja Vital supondrá la entrada de una representación que ahora no tienen.

Las entidades vascas, por las que el PP justificó los cambios, serán las menos afectadas

Efectos del cambio. Escasa incidencia en los consejos de administración

Las cajas dudan de que la entrada o mayor peso de representantes de otras autonomías en las asambleas se traslade a los consejos, pese a que ésta es la encargada de elegir a los consejeros. Caja Madrid, segunda caja del país, asegura que el impacto del cambio normativo será mínimo, según fuentes de la entidad. En cajas medianas, aún menos.Así, en las de Castilla y León, pueden entrar uno o dos consejeros generales de otras autonomías, principalmente de Madrid, previsiblemente en Caja España, Caja Duero, Caja Segovia y Caja Ávila, según fuentes conocedoras del proceso. El peso proporcional será insuficiente para lograr un puesto en el consejo. Todo se calcula por el volumen de depósitos según una fórmula que decide cada autonomía.A esta reforma general, se unen las exigencias aprobadas en 2003 de mayor transparencia y más información sobre créditos a políticos.

Ley financiera. Las comunidades autónomas que no han hecho los deberes

Año y medio después de aprobarse la Ley Financiera, que limitaba el peso político en las cajas (y con la que se trató sin éxito de reducir también su influencia), aún hay cinco autonomías que no han trasladado las pautas a la legislación regional: Aragón, Cantabria, Canarias, Extremadura y Navarra, según fuentes de las cajas.No todas han incumplido la principal medida, que era fijar el tope del 50% de peso de administraciones públicas en los órganos de gobierno de las cajas. Así, Aragón y Cantabria no necesitaban hacerlo porque la representación ya era menor al 50%. Mientras, las cajas canarias, las extremeñas y Caja Navarra han decidido aprobar la adaptación sin esperar al Gobierno regional. Las dos únicas cajas que no se han adaptado son la de Guadalajara y Caixa Galicia, no se han adaptado, si bien la gallega está en trámites para ello.