Retrasos en la ley de cajas

Aun mes de que se cumpla el plazo para que los Gobiernos autónomos adapten la ley de cajas a la última reforma que aprobó el PP, la mayoría de las comunidades parece haber olvidado esta fecha. La norma obliga a las entidades a dar un peso proporcional a representantes de impositores (clientes) y ayuntamientos de otras regiones en sus asambleas y consejos, en función de los depósitos que capten en ellas. Sólo Castilla y León ha comenzado el trámite parlamentario para aprobar una ley que permita a las cajas adaptarse a esta normativa.Y Cataluña tiene previsto aprobar en breve un decreto para hacer cumplir estas exigencias. Aunque parece que la normativa -recogida en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del año pasado- tendrá escasa repercusión en la mayoría de los consejos de las cajas, lo cierto es que las leyes están para cumplirse. Y los primeros que deberían dar ejemplo son los propios Gobiernos.

Según argumentó el PP en su momento, esta normativa tenía como objetivo restar influencia del Gobierno vasco en la gestión de las tres cajas de ahorros de esta comunidad autónoma. Sin embargo, una vez hechos los cálculos, todo indica que estas tres cajas serán las menos afectadas por los cambios. La más afectada será La Caixa, que es la primera caja española y el grupo financiero más influyente en la gestión de las principales empresas.

La ley en cuestión nació en un momento especialmente complicado para La Caixa. Su puesta en marcha coincidió con las tensiones surgidas por el intento de opa de Gas Natural (participada por la caja catalana) sobre Iberdrola, lo que ha levantado sospechas sobre cuál era realmente el objetivo final de esta norma.

Las cajas se han convertido en un claro objeto de deseo para los políticos, que ven en ellas una herramienta para hacer y deshacer influencias en el ámbito empresarial. Sería más que deseable que se apueste por una clara despolitización de estas entidades. Y para ello son necesarias leyes claras y que no despierten ningún tipo de dudas.