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Tribuna
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La factura de Kioto

Ante el retraso de España en el cumplimiento del Protocolo de Kioto sobre emisiones contaminantes, el autor insta al Gobierno a ser firme para cumplir con lo pactado por la UE, pero también flexible, inteligente y generoso para que el proceso no se transforme en cierres de empresas

Dice el refranero que las prisas son malas consejeras, pero también que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y, probablemente, el Gobierno español se ha dormido, y ahora la Administración española ha sido amonestada y corre el riesgo de ser sancionada por la UE por no cumplir con el plazo marcado para presentar el plan de emisiones de Kioto. Es cierto que la coyuntura del mes de marzo no fue la más favorable y que los trágicos sucesos del 11-M, junto a la cita electoral del día 14, marcaron la actualidad de nuestro país, y pararon el reloj de la Administración.

Así las cosas, lo importante en este momento es que la precipitación no nos haga incurrir en errores graves y con muchos heridos en el camino, el peor de los cuales sería presentar una propuesta sin el consenso o al menos el diálogo previo con todos los sectores afectados. Las palabras de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aludiendo a la importancia de elevar el plan a las partes afectadas, invitan al optimismo y muestran un talante que ojalá se transforme en una gestión ejecutiva basada en la negociación y no en la imposición.

Es bueno para la sociedad española que la Administra-ción se acostumbre a mantener un diálogo fluido y constante con el tejido empresarial

Es bueno para la sociedad española que la Administración se acostumbre a mantener un diálogo fluido y constante con el tejido empresarial, y el nuevo Ejecutivo no debe ni puede gestionar el acuerdo de Kioto al margen de la sensibilidad de nuestras empresas. Antes de presentar su plan de emisiones, y a pesar de la urgencia, el nuevo Gobierno debe reunirse con todos los sectores involucrados y encontrar soluciones que, siendo respetuosas con los compromisos de Kioto garanticen el futuro de las siderúrgicas, las azulejeras, las eléctricas y en general toda la industria implicada, impidiendo la deslocalización y la falta de competitividad de la industria española, a la vez que sirva para darle mayor peso a la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación.

En este diálogo deben valorarse todas las implicaciones derivadas de Kioto, las económicas y las medioambientales (el concepto de sostenibilidad abarca ambas), y el Gobierno debe ser lo suficientemente firme para cumplir con lo pactado por la UE y lo suficientemente flexible, inteligente y generoso en sus ayudas para que Kioto no se transforme en despidos y cierres de empresas.

No nos gusta la demagogia: queremos que la sociedad sea consciente de los esfuerzos que significa Kioto y queremos también que la Administración sean consecuentes con este esfuerzo. Kioto no es barato. El coste anual de su cumplimiento ha sido valorado por la propia Comisión Europea en más de 3.000 millones de euros, aproximadamente un 0,1% del PIB continental. Es cierto que la factura será mayor si no se frena el aumento del agujero de ozono y el efecto invernadero, pero es cierto también que todos debemos estar preparados para pagar esa factura, porque los imposibles no existen ni en política, ni en economía, ni en ciencia. Y un Kioto sin damnificados es prácticamente imposible. Corresponde a las administraciones arbitrar las medidas posibles para que el daño económico sea el menor posible.

Todo ello sin eximir de su cuota principal de responsabilidad a las empresas, que deben afrontar la adaptación a Kioto con una mentalidad abierta y pensando en el medio y largo plazo, pues las inversiones en ahorro y eficiencia energética son, al final, rentables y muy beneficiosas para la competitividad.

Para la Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía (Aesma), la aplicación de Kioto abre un futuro cargado de esperanza, por las oportunidades de trabajo y negocio que indudablemente representa para la industria de bienes y servicios medioambientales, pero sobre todo por lo que en sí mismo representa desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Antes de Kioto, Europa no se había enfrentado al esfuerzo de hacer análisis conjunto de economía y medio ambiente. Hoy, por fin, asume que cualquier balance de tipo económico implica, exige y necesita un estudio de variables ambientales, y viceversa, cualquier planteamiento medioambiental es vacuo e inútil si prescinde del componente económico.

Kioto representa la oportunidad de que el discurso empresarial y el discurso medioambiental -tradicionalmente enfrentados- por fin se encuentren, y lo hagan en las dos direcciones. Si carente de sentido es un discurso proteccionista y contrario al desarrollo, todos debemos ser también conscientes de que los éxitos económicos no pueden ser considerados tales si no van acompañados de una significativa mejora de nuestro entorno.

He ahí un gran reto para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que no sólo debe avanzar en la convergencia económica con Europa, sino también en su convergencia medioambiental: a España, por su menor nivel industrial, se le ha marcado un objetivo de emisiones menos riguroso que al resto de Europa, pero aún estamos muy lejos de ese objetivo específico para nuestro país, no digamos del establecido para el resto de Estados.

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