La crisis de los astilleros
La noticia de que Izar puede verse obligada a devolver ayudas públicas por una cuantía 'sustancialmente superior' a los 308,3 millones reclamados la semana pasada por Bruselas ha hecho saltar toda las alarmas. Si nada frena los expedientes abiertos, los astilleros públicos pueden verse abocados a una dura reconversión que traería consigo la pérdida de miles de empleos. Un problema lo suficientemente grave como para que quepa exigir un ejercicio de responsabilidad a los grupos parlamentarios y a los responsables de las comunidades autónomas más afectadas. No caben maniqueísmos como el de Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, descargando en los hombros del PSOE cualquier daño futuro a los astilleros públicos. Al fin y al cabo, las ayudas cuestionadas se produjeron cuando el PP estaba en el Gobierno.
Los astilleros españoles no son los únicos de Europa que han necesitado inyección de dinero público. La Comisión Europea también ha revisado, y cuestionado, ayudas otorgadas en los últimos años a los astilleros de Alemania, Italia y Grecia. Balones de oxígeno con los que los Gobiernos europeos intentan garantizar la supervivencia de una industria que ha visto cómo buena parte del negocio se fuga hacia otros países con menores costes. A la hora de buscar culpables para esta crisis, muchos miran hacia Corea del Sur. Y la propia Comisión Europea ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio por 'presunta' competencia desleal. Sin embargo, la Comisión se resistió durante meses a la presión de los Gobiernos para presentar una denuncia que, según los técnicos, puede encontrar muchas dificultades para prosperar.
La alternativa a las ayudas públicas es un proceso de reconversión negociada y una consolidación del sector que permita crear unos astilleros europeos realmente competitivos. æpermil;sta es, probablemente, la única baza que queda por jugar a medio plazo. Y para jugarla bien sería bueno contar con una estrategia como país apoyada por todo el arco parlamentario.