Izar tiene sólo un tercio del dinero que exige Bruselas

El balance de Izar hace aguas. Los fondos propios del grupo público de construcción naval sólo soportan algo menos de una tercera parte de los más de 1.600 millones de euros que deberá devolver en concepto de ayudas de Estado, consideradas ilegales en varios expedientes cerrados por la Comisión Europea. Su futuro se presenta incierto.

Expediente sobre expediente, hasta sumar más de 1.600 millones en ayudas públicas consideradas ilegales. La lista de sumarios abiertos desde hace dos años por el Departamento de la Competencia de la Comisión Europea (CE) a los astilleros públicos españoles, aglutinados en torno a Izar, se ha saldado con una importante boquete en su línea de flotación. Hay que devolver las ayudas, aunque sea en plazos pactados y a la carta, pero aún así el balance de la sociedad controlada al 100% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no sólo se resiente, sino que vislumbra la quiebra.

Venta de astilleros a la SEPI, su accionista, compra de la antigua Astilleros Españoles (AESA) por parte de Bazán, una compañía también de propiedad pública y fusión de ambas empresas. Entre medio, dobles contabilidades sobre créditos fiscales concedidos a AESA cuando estaba bajo el paraguas de la extinta Agencia Industrial del Estado (AIE), un capítulo que también se apuntó SEPI. Así hasta un total de algo más de 1.100 millones.

Garantías a Repsol

El grupo público de construcción naval ha tenido que reducir su capital un 35% para compensar pérdidas acumuladas

El siguiente capítulo de la larga historia de reclamaciones de la Comisión Europea se produce en febrero de 2003. El grupo público, entonces bajo el control del gobierno dirigido por el Partido Popular, concedió a finales de 2000 una serie de garantías en favor de Repsol para la construcción de tres buques para el transporte de gas natural licuado que, en teoría, fueron contratados por 190 millones de euros cada uno. Sin embargo, la compañía petrolera, pago poco más de 150 millones por barco. El resto, hasta su valor real de mercado, las autoridades comunitarias lo consideran como ayudas de Estado. Al final la suma, entre el valor real y el del mercado, más las subvenciones a Izar por temas relativos a investigación y desarrollo, supera los 500 millones, según las estimaciones de la CE. Fuentes del sector aseguran que esta cantidad a devolver, se puede rebajar sensiblemente.

El balance de Izar, sociedad nacida de la fusión de Bazán y AESA, los astilleros militares y civiles bajo control público, languidece. Desde su constitución, hace cuatro años, las pérdidas han encontrado un lugar preferente en su cuenta de pérdidas y ganancias, al mismo ritmo que han descendido sus fondos propios. En el periodo 2000-2003, los resultados negativos de la sociedad presidida por José Antonio Casanova, ha acumulado unos números rojos de 500 millones de euros.

Objetivos incumplidos

Los objetivos marcados cuando se creó Izar no se han cumplido. En su presentación pública se habló de una compañía de futuro, con unos fondos propios de acuerdo con las firmas internacionales de su sector y con planes para construir barcos militares y civiles de alta generación. El negocio militar, ahora, capea el temporal, el civil hace aguas en toda su estructura.

La cuestión es que en 2002 tuvo que reducir su capital en 238 millones de euros, un 30% sobre el total, para compensar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. A principios de este año realizó una operación similar por otros 61,3 millones, para cumplir con los requisitos marcados por la Ley de Sociedades Anónimas.

Un futuro incierto bajo la presión de los competidores asiáticos

Sin carga de trabajo para sus factorías civilesLa bomba de achique que sirva para salvar del naufragio a los astilleros bajo control público tiene que realizar horas extraordinarias. Su división civil apenas cuenta con cartera de pedidos en curso y no han contratado un sólo buque desde hace casi dos años. En algunas factorías los trabajadores, los menos, se dedican a labores de mantenimiento a la espera de que algún armador solicite sus gradas para aumentar su flota. Propuestas hay algunas, cerradas, ninguna.Regulación de empleo, en principio, temporalEl expediente de regulación de empleo en Izar se puede poner en marcha en menos de un mes. En principio está previsto que sea temporal, pero los sindicatos, que aglutinan un colectivo de 11.000 trabajadores, se temen que en algunos casos se pueda convertir en definitivo. Todo dependerá de lo que resuelva el gabinete interministerial para articular una serie de medidas y configurar un proyecto de futuro para los astilleros. Es posible que a los socialistas les toque, como en 1984, aplicar de nuevo el bisturí.Las subvenciones a la construcción en el aireO devuelves las ayudas o no te puedes acoger a las subvenciones para la construcción naval y compensar, en parte, las practicas de dumping realizadas por los astilleros coreanos. El panorama para Izar no es demasiado esperanzador. No han devuelto, de momento, los subsidios considerados ilegales por Bruselas y, por lo tanto, tampoco podrán acogerse al programa puesto en marcha por la Comisión Europea que permite subvencionar con un 5% el valor de construcción de los buques.

>Un rosario de ayudas públicas que abarcan desde créditos fiscales hasta subvenciones

700 millones de euros es lo que reclama la Comisión Europea como consecuencia de la constitución de Izar, fruto de la fusión por absorción de la antigua Astilleros Españoles (AESA) por parte de Bazán, una operación diseñada desde SEPI, el único accionista de las dos empresas. Los apuntes contables, 'que enmascararon pérdidas y compras por debajo de precio', no encontraron un hueco en el filtro fiscalizador de la Comisión Europea.308 millones suponen el primer paquete de devolución de ayudas de Estado -en teoría debe ser SEPI, accionista de Izar, la que debe recuperar estas subvenciones consideradas ilegales- como consecuencia de la compra por parte del grupo público de varías factorías de AESA. La CE y el gobierno español están estudiando el pago en 'cómodos' plazos.135 millones por créditos fiscales concedidos a la antigua AESA. SEPI acudió al Tribunal de Luxemburgo y varias sentencias tumbaron su argumentación.