Nace un nuevo derecho
El nuevo Gobierno está decidido a ampliar el Estado de bienestar para dar cobertura pública universal a las personas dependientes. Ancianos con dificultades para valerse por sí mismos y discapacitados que tradicionalmente eran atendidos por la propia familia y que se encuentran en una situación creciente de desamparo debido a que en la mayoría de los hogares ambos cónyuges están incorporados al mercado laboral. Ingresar un único sueldo en una casa es un lujo que cada vez pueden permitirse menos familias. Y atender a una persona con discapacidad severa obliga a muchas familias a renunciar a uno de esos salarios o a destinar un porcentaje importante de los ingresos a pagar a terceros por este servicio. Para atajar el problema, el Gobierno quiere convertir en derecho universal la atención a las personas dependientes (un colectivo que supera los tres millones de personas). Un objetivo loable que, sin embargo, tendrá un enorme coste económico (1.000 millones de euros hasta 2008 sólo para ponerlo en marcha). Obtener estos fondos no resultará una tarea fácil, pero sería bueno encontrar la manera de hacerlo.