Botín será juzgado en la Audiencia por el 'caso de las jubilaciones'
El presidente del Santander, Emilio Botín, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de un supuesto delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. José María Amusátegui, ex copresidente del banco, y Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado, serán juzgados por los mismos delitos.
La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha ordenado la apertura de juicio oral por el 'caso de las jubilaciones', por el que se juzga la legalidad de las indemnizaciones de 164 millones de euros que los dos ex directivos de la entidad recibieron cuando abandonaron el banco. Será la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia la que establezca fecha para el juicio.
La jueza ha fijado además una fianza de 56 millones de euros a Botín y Amusátegui y otra de 108,2 millones al presidente y a Corcóstegui para 'asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes'. Ambas cantidades corresponden a las indemnizaciones cobradas en su día por los dos ex directivos, más las pensiones vitalicias.
La fianza serviría para resarcir al banco de los perjuicios sufridos si finalmente los tres acusados son encontrados culpables de 'retribuciones indebidas que supusieron perjuicio económico a los accionistas'. En el caso de que la cantidad no fuera depositada en un plazo de 24 horas, el juzgado puede proceder al embargo de los bienes. Fuentes jurídicas aseguran que los tres acusados satisfarán la fianza en el plazo marcado con avales.
El auto llega dos meses después de que el ministerio fiscal de la Audiencia Nacional pidiera el sobreseimiento del caso por no apreciar indicios de delito. Pese a que los acusados han interpuesto recurso de amparo ante el Constitucional, la jueza ha decidido no esperar la sentencia de este tribunal y solicitar la apertura de juicio oral. Las penas a las que se enfrentan los tres acusados, según el escrito de acusación presentado por los querellantes, Juan Francisco Franco Otegui y Rafael Pérez Escolar, son importantes -que han presentado 26 pleitos contra el SCH-. En su escrito de acusación, ambos añadieron el delito de apropiación indebida junto al de administración desleal.
Según recoge el auto de Palacios, para Botín se solicitan dos penas de seis años de prisión (una por cada delito) y multa de 12 meses a razón de 300 euros cada día, en el caso de ser hallado culpable de apropiación indebida. Además, quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de administrador en cualquier entidad mercantil por el tiempo de duración de las penas. Si fuera condenado por el delito de administración desleal, la pena sería de cuatro años de prisión (dos por cada delito) y multa de 300 euros al día durante un año. También sería inhabilitado para ejercer cargo alguno. A las misma condena se enfrentan Amusátegui y Corcóstegui.
El juicio no se celebrará antes del verano, según fuentes jurídicas, por el excesivo trabajo de la sección tercera. La junta de accionistas del SCH se celebrará el 19 de junio.
El SCH destaca la oposición del fiscal
El Santander insistió ayer en un comunicado que la jueza Palacios ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Emilio Botín, José María Amusátegui, y Ángel Corcóstegui, a pesar de que el fiscal ha pedido el sobreseimiento del caso. El banco explica en este comunicado que 'debe poner de manifiesto que este auto se ha dictado a pesar de que el ministerio Fiscal, de nuevo en este trámite, ha solicitado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, por entender que los hechos no son constitutivos de delito alguno y el pago de las retribuciones es ajustado a derecho'. El SCH se remite también en su comunicado al emitido el pasado 12 de marzo, en el que se hacían públicos los acuerdos adoptados por su consejo. En dicha reunión los consejeros mostraron 'unánimemente su indignación' con la imputación de Botín, 'por decisiones del propio consejo que fueron adoptadas por unanimidad, con el máximo respeto a la ley y a los estatutos y en beneficio del banco y de sus accionistas'.
Las cesiones de crédito, pendientes
La jueza Palacios es la instructora de los dos casos que podrían sentar a Botín en el banquillo de los acusados. Además del de las jubilaciones, sobre la mesa de la titular del juzgado central de instrucción número tres espera el 'caso de las cesiones de crédito', en el que se investiga la legalidad de un producto financiero ofrecido en 1989 por el banco que eludía el pago de las retenciones al fisco equivalentes al 25% del capital invertido.La apertura de juicio oral por este caso está pendiente. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado mes de junio a la jueza Palacios a abrir juicio oral contra Botín y varios ex directivos de la entidad por cooperar supuestamente en la comisión de 38 delitos fiscales. Pese a ser éste un caso anterior al de las jubilaciones, Palacios no ha dictado aún apertura de juicio oral.En España, la última vez que se sentó a un banquero en la Audiencia Nacional fue en 2000, cuando los Albertos fueron juzgados por el caso Urbanor. La Audiencia les condenó a tres años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos de las Torres KIO. Tras la ratificación de la condena por el Supremo, ambos dimitieron de sus cargos en el Banco Zaragozano.
A la espera de una sentencia firme
Emilio Botín no tiene por qué dimitir por el inicio de este juicio. Ni la norma del Banco de España, ni los estatutos o códigos de buen gobierno del SCH impiden la continuidad de Botín como presidente. El real decreto sobre Creación de Bancos defiende la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme. La norma dice en su artículo 2 que 'se entenderá que carecen de tal honorabilidad (para crear un banco o ser nombrado consejero) quienes tengan antecedentes penales o se encuentren procesados o -tratándose del procedimiento a que se refiere el Titulo III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se hubiera dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, blanqueo de capitales, de violación de secretos o contra la propiedad; los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras; y, los quebrados y concursados no rehabilitados'. Para consejeros en activo la norma precisa que 'no se considerará falta de honorabilidad sobrevenida la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero o director sea inculpado o procesado por los delitos mencionados en el apartado 2'.
26 pleitos contra el Santander
l El inicio de este juicio tiene su origen en la querella presentada por Juan Francisco Franco Otegui y Rafael Pérez Escolar. Pero no es la primera que interponen ambos.l Desde que el 28 de diciembre de 1993 el Banco de España depusiera de sus cargos a todo el consejo de Banesto, entidad que en abril pasó a manos del Santander tras una subasta pública, Pérez Escolar, que era consejero de Banesto, y miembros de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) -entre los que se encuentra también Franco Otegui- han planteado 26 pleitos contra el SCH.l De estos pleitos, siete han sido desestimados definitivamente, otros 12 sobreseídos inicialmente y el resto están en tramitación.l En el 'caso de las jubilaciones' de Corcóstegui y Amusátegui, el inspector del Banco de España, José María Lamamie, declaró en febrero del pasado año que no hacía objeción de legalidad al pago de estos bonus.l El perito designado por la jueza de la Audiencia Nacional afirmó que este tipo de pagos, aunque muy altos, son 'habituales' entre altos ejecutivos.l La Fiscalía de la Audiencia Nacional descartó que los hechos constituyeran una conducta delictiva tres veces. Y el presidente de la CNMV, Blas Calzada afirmó que 'es un tema societario'.