Garzón pide el inicio del juicio oral a Emilio Ybarra
El juez Baltasar Garzón ha pedido a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que inicie el juicio oral del ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra y de los otros cuatro ex directivos del banco. La acusación es por apropiación indebida en el marco del caso de las pensiones de Alico.
En su auto de fecha 29 de marzo, el magistrado de la Audiencia Nacional declaró como 'órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección cuarta' y, como tal, le solicitó el inicio del juicio a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, y los otros cuatro implicados en el caso a los que el fiscal Anticorrupción incluyó en su escrito elevado a Garzón hace una semana.
Los imputados son el ex consejero del banco Juan Urrutia Elejalde, a quien Garzón también acusa de apropiación indebida y como implicados en el supuesto delito, el juez incluye a José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo. Garzón requiere a los cinco acusados que 'en el plazo de un día' desde su notificación, depositen una fianza de 6.000 euros para asegurar el pago de los costes del proceso y los gastos que generen a los testigos, según informaron fuentes jurídicas.
En su auto, el magistrado ordena que se 'de traslado a los acusados para que formulen un escrito de defensa en un plazo de dos meses'. Según las mismas fuentes, este período hace suponer que el juicio podría iniciarse en el curso del mes de septiembre.
Ybarra constituyó los fondos de pensiones a espaldas de Francisco González, según el auto
En el escrito de Garzón, sin embargo, no se define la situación de los sindicatos CC OO y UGT, ni de las organizaciones de defensa de clientes y consumidores como Ausbanc y Adica. Estas entidades se personaron en su día para ejercer como acusaciones populares, pero el juez les fijó una fianza, que luego redujo, pero que no llegaron a pagar. Ahora, ninguna de ellas ha sido incluida en el auto del juez.
En octubre del año pasado, Garzón había eliminado el carácter de imputados a otros 17 ex consejeros del BBVA que se habían beneficiado de los fondos de pensiones constituidos en 2000 por orden de Ybarra. El juez consideró como atenuante el hecho de que el dinero había sido devuelto por esos 17 beneficiarios.
El caso tuvo su origen un año después de la fusión del BBV con Argentaria en 1999, cuando supuestamente Ybarra compensó el descenso de las retribuciones de los consejeros provenientes del antiguo BBV tras la unión de las dos entidades bancarias.
Para ello, según el auto del juez Garzón, Ybarra constituyó, 'faltando a la lealtad debida a la nueva compañía' (BBVA), en su favor y en el de otros 18 consejeros unos 'depósitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversión por la firma Alico' de Estados Unidos. En este proceso, realizado a espaldas del copresidente Francisco González, según el auto, los cinco acusados utilizaron 19,7 millones de euros de fondos no contabilizados para constituir los fondos de pensiones en Alico.
Delitos imputados y más implicados en las diferentes piezas de la investigación
El mencionado auto de Garzón, el cual se dividió posteriormente en varias piezas, contemplaba como posibles delitos la apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal, blanqueo de dinero y cohecho. Las personas afectadas como testigos o imputados incluía a los miembros del consejo de administración y a altos directivos de la entidad, de Canal Trust Company, BBV Privanza Bank y Banco Provincial de Venezuela. También a todas aquellas entidades financieras de España o fuera de España relacionadas con las actividades investigadas. Actualmente, Garzón mantiene bajo instrucción la pieza de las cuentas secretas fuera de España, así como los presuntos delitos contra la Hacienda pública en la compra de Mercantil Probursa de México, y de cohecho y blanqueo de dinero en las operaciones relacionadas con Colombia y Perú.
El primero en un largo e intrincado proceso de instrucción penal
En sus inicios, hace ahora exactamente dos años, Baltasar Garzón dictó un auto el 9 de abril de 2002 en el que asumía la instrucción de las cuentas ocultas que el BBV tenía en el extranjero. De esa manera, el juez unió en ese auto toda la nueva investigación a la del caso BBV Privanza del año 2000. De tal manera, el nuevo caso BBV tenía tres frentes de actuación: las cuentas secretas de Jersey y Liechtenstein, la constitución ilegal de los fondos de pensiones en Alico a favor de los consejeros procedentes de BBV y, en tercer lugar, la investigación de las operaciones latinoamericanas del banco (Perú, Colombia, México y Puerto Rico), basada en las declaraciones del testigo protegido Nelson Rodríguez. Cuando el juez Garzón desestimó la veracidad de las acusaciones de Rodríguez se volatilizó judicialmente lo que parecía la parte más espectacular del caso.
Penas solicitadas a las que se enfrentan
En su petición juicio oral contra Ybarra y el resto de ex directivos del BBVA, el juez Garzón no establece las penas que les corresponderían ya que, según fuentes judiciales, no es esa una tarea que le corresponda. Sin embargo, hay alguna pista para estimar a qué se exponen los hasta ahora imputados y desde aquí en adelante acusados, en caso de ser encontrados culpables de las acusaciones a las que están siendo sometidos. En su escrito elevado a Garzón la semana pasada, el fiscal Anticorrupción David Martínez Madero pide cuatro años de prisión y una multa de 90.000 euros para Ybarra. Para Urrutia, la pena solicitada es de tres años y 45.000 euros. José María Concejo debería cumplir tres años de prisión y pagar una multa de 45.000 euros igualmente. Para Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, la fiscalía ha pedido dos años y seis meses de prisión para cada uno, además de una multa de 24.000 euros en cada caso. Además, se pide que sean condenados al pago de los costes procesales en proporción y de los gastos de los testigos. Ambas peticiones ya han sido solicitadas por Garzón en su auto.