La renovación del Tribunal Constitucional
Tras unos días de incertidumbre, pierde fuerza el rumor que había calado en los medios de comunicación de que el Gobierno en funciones procedería a la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento debe hacerse a partir del mes entrante. La solución adoptada, salvo sorpresas de última hora, resulta razonable, pues efectivamente no entra dentro de las competencias propias de un Gobierno en funciones proceder a semejante propuesta.
Así pues, será el nuevo Gobierno socialista el que nombre a los sustitutos de los dos magistrados salientes, Manuel Jiménez de Parga (actual presidente) y Tomás Vives Antón (actual vicepresidente), que fueron designados precisamente por el último Gobierno de Felipe González en 1995.
Además, el Consejo General del Poder Judicial debe proponer otros dos magistrados del Tribunal Constitucional. Este órgano deberá designar, por su parte, a quienes sustituyan a los magistrados Pablo García Manzano y Pablo Manuel Cachón Villar.
Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Esade. Universidad Ramon Llull
El Tribunal Constitucional español, a imagen y semejanza de sus homólogos europeos, se ha caracterizado hasta fechas recientes por disponer de una composición más académica que togada; esto es, la profesión dominante de los magistrados del Constitucional era preferentemente la universitaria y no la carrera judicial. Esa tendencia, sin embargo, se rompió hace algunos años y se quebró definitivamente en la sustitución de Fernando Garrido Falla (un académico) por Rodríguez Zapata (un juez). De tal modo que en la actualidad son siete los magistrados de procedencia togada y sólo cinco los laicos (cuatro académicos y un abogado).
La actual renovación del tribunal mantendrá ese estado de cosas, pues los dos magistrados que proponga el Consejo serán, sin duda, miembros de la carrera judicial, y sería razonable que el Gobierno designara dos laicos (preferentemente académicos, y sería oportuno que fueran un administrativista y un constitucionalista).
Aparentemente, esta renovación del Tribunal Constitucional no cambia nada la correlación de fuerzas entre magistrados de tendencia conservadora o progresista. Sin embargo, esa apariencia se rompe radicalmente puesto que la realidad del próximo tribunal puede ser muy distinta en función, sobre todo, del perfil de las personas que se elijan.
Es necesario, y diría que casi imprescindible, que al Tribunal Constitucional se incorporen magistrados con sensibilidad autonómica que, al margen de sus perfiles profesionales contrastados, puedan rectificar la deriva centrípeta que se está incubando en la jurisprudencia constitucional.
Una cabal comprensión de las posibilidades constitucionales del Estado autonómico puede ser un caudal pacificador de conflictos futuros. Y, en fin, el nuevo Tribunal Constitucional deberá proceder, asimismo, a proponer el nombramiento de un presidente (¿o a una presidenta?) del Tribunal Constitucional en sustitución del actual, cuya gestión ha estado plagada de sobresaltos. Todo apunta a que será, por vez primera, un magistrado de extracción judicial, pero caben alternativas.
Aquí también se juega mucho el Tribunal Constitucional, pues el prestigio de este órgano constitucional ha ido perdiendo enteros en los últimos años y la dignidad de la institución merece una presidencia mucho más discreta y dedicada exclusivamente a su función.