Los olvidados en Ciencias Empresariales
Hace ya 29 años que se iniciaron los estudios de diplomado en Ciencias Empresariales -actualmente, la carrera de primer ciclo con mayor alumnado de toda España y una de las más demandadas por empresarios y profesionales-. Pese al tiempo transcurrido, y aunque parezca increíble, los casi 200.000 titulados que han concluido dicha carrera se encuentran en una situación kafkiana y manifiestamente injusta: carecen de un estatuto profesional que defina sus funciones.
De esta manera, y a diferencia de todas las demás titulaciones oficiales del ámbito económico, desde hace casi ya tres décadas los diplomados en Ciencias Empresariales se ven obligados a trabajar sin que estén claras sus funciones ni el ámbito de sus competencias. Esta absurda e inadmisible situación se generó como resultado de un defecto de forma en el Real Decreto 3.182/1981, en el que se regularon las funciones profesionales, competencias y facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales. Por la omisión del dictamen del Consejo de Estado en dicho Real Decreto, el Supremo lo anuló en 1986, por lo que de nuevo -tras cinco años de regulación- los diplomados en Empresariales volvieron a encontrarse en una situación de absoluta indefensión.
Hasta aquí podríamos ser condescendientes y decir que estas cosas pasan, pero lo que resulta intolerable es que hasta el día de hoy haya sido imposible arreglar este grave problema. De nada han servido los continuos e ingentes esfuerzos realizados por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales, pero tampoco se han tenido en cuenta la Proposición no de Ley (3 julio de 1997), aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios y que instaba al Gobierno a que restableciera las funciones, competencias y facultades de estos diplomados; la enmienda presentada a mediados de 2003 por el Grupo Popular a la Ley Concursal (al final, sorprendentemente, este mismo Grupo retiró la enmienda); y, muy recientemente, la enmienda que presentó el Grupo Catalán, primero en el Congreso y luego en el Senado, a la ley de acompañamiento, de 30 de diciembre de 2003, en la que de nuevo se pedía la restitución de las funciones de estos diplomados (que fue rechazada por el Grupo Popular).
Resulta casi burlesco constatar que, si bien nadie se ha atrevido a negar que la inexistencia del estatuto se debe a errores formales de un pasado ya antiguo y que la situación es injusta, los responsables del Gobierno anterior se hayan limitado a asegurar que nos asiste la razón, a decirnos que el asunto se solucionaría en breve y no hacer nada.
Mientras se están homologando y dando atribuciones a titulados provenientes de otros países de la UE, en algunos casos con formación menor que nuestros diplomados. Y para más inri, a nadie parece importarle la inminente aplicación de los acuerdos de Bolonia al ámbito universitario español. Si el nuevo Gobierno no tuviera a bien definir estatutariamente las competencias y funciones de los diplomados en Empresariales antes de la entrada en vigor de estos acuerdos, la ubicación en este nuevo marco de este importante colectivo resultará muy compleja, por la indefinición causada por la falta de regulación.
Desde el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales llevamos mucho tiempo trabajando para que se resuelva esta discriminación. Además, no estamos solos en esta lucha. A nuestra propuesta se han adherido -mediante la firma convenios- tanto estudiantes (a través de Anrede, Asociación Nacional de Representantes de Alumnos de Escuelas Universitarias de Ciencias Empresariales, que representa a cerca de 100.000 alumnos de esta diplomatura) como universidades (mediante un acuerdo firmado con los Directores de Escuelas Universitarias de Ciencias Empresariales).
Pese al carácter sisífico que tiene esta lucha, que se reinicia con cada cambio del responsable administrativo, hacemos un llamamiento al nuevo Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios para que tomen las medidas oportunas con el fin de resolver este pernicioso error, cuyas consecuencias afectan a la economía de nuestro país y, por tanto, a la sociedad española en general.