Ford pide una comisión independiente a la UE para valorar el coste de las nuevas leyes
El sector europeo del automóvil dio ayer un paso más en su batalla contra las leyes que pretende imponer la Comisión Europea. El turno fue del presidente de Ford Europe, Nick Scheele, quien pidió al organismo comunitario la creación de una comisión independiente con el objetivo de valorar los costes de cada nueva norma antes de aprobarla, según Automotive News. 'Esta comisión', asegura, 'sería beneficiosa tanto para el sector como para la propia Comisión'.
El propio directivo británico acompañó a finales de febrero al presidente de Acea y de Volkswagen, Bernd Pischetsrieder; al consejero delegado de Fiat, Giuseppe Morchio, y al presidente de Renault, Louis Scweitzer, a una reunión con el presidente de la Comisión, Romano Prodi, y la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio. En este encuentro, los directivos expusieron a los representantes comunitarios su preocupación por que las leyes que impone la CE 'están deteriorando su competitividad'.
El comunicado emitido por Acea tras la reunión, de hecho, llegaba a asegurar que la industria no sólo tiene que enfrentarse con el entorno económico y la competencia. Además, se encuentra con 'dificultades añadidas del marco legal'. 'æpermil;stas incluyen', proseguía, 'un compendio de regulaciones cada vez más densas, complejas y usualmente conflictivas que lastran a la industria y dificultan los negocios en Europa'.
Por ello, Acea remitirá a la CE antes del verano una lista de puntos capitales que reclama el sector para salvaguardar su competitividad frente a las pujantes marcas niponas y los todopoderosos gigantes estadounidenses. Entre esas reclamaciones estaría la creación de esta comisión independiente.
El ley que más preocupa tanto a Acea como al propio Scheele está la exigencia de la UE de que los automóviles que se comercialicen en el territorio comunitario emitan un máximo de 120 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en 2005.
Según un estudio de Arthur D. Little, esta imposición encarecería un 35% aproximado (alrededor de 4.000 euros) por cada vehículo comercializado.