EDITORIAL

Polémica por el superordenador

No es habitual que un sector empresarial como el de suministro de productos y servicios informáticos se subleve contra un Gobierno, que a menudo es su principal cliente. Pero eso es precisamente lo que ha sucedido en España, tras conocerse en plena campaña electoral que IBM va a instalar en nuestro país el segundo superordenador más potente del mundo. El centro estará en Barcelona y la inversión prevista son 70 millones de euros. Directivos de empresas competidoras como HP y Sun se quejan de que la adjudicación debiera haberse realizado por concurso público o mediante un programa de colaboración. A su protesta se suman científicos de los centros de supercomputación Cesca y Cesga, que reconocen que España necesita aumentar la capacidad de cálculo pero temen que este proyecto les drene recursos financieros vitales. Hoy mismo aparece en nuestras páginas el prestigioso científico Mariano Barbacid, descubridor de los oncogenes humanos, reclamando más fondos para la ciencia y preguntándose por qué no hay dinero para la investigación cuando, aparentemente, 'sobra el 0,6% del PIB'.

Durante los ocho años de gobierno popular se han producido grandes anuncios en materia nuevas tecnologías que finalmente resultaron un fiasco. Una lista que incluye el programa Info XXI, España.es, la propia creación del ministerio de Ciencia y Tecnología, la televisión digital terrestre (TDT) o el móvil de tercera generación. A pesar de tanto ruido, España ha caído del puesto 29 al 25 en el ranking que elabora el Foro Económico Mundial para medir el acceso a la Sociedad de la Información de las principales países.

La instalación en España de un superordenador debería ser una buena noticia. Y la compañía IBM hace bien en buscar un Gobierno que financie el proyecto. Pero el método utilizado para ponerlo en marcha, la fecha en que se anunció y la opacidad sobre los términos del convenio hacen temer que se haya buscado un efecto propagandístico en lugar de buscar una política coherente de I+D.