La industria se rebela contra el superordenador IBM
Se va a cumplir un mes desde que el Consejo de Ministros diera luz verde a la compra a IBM del segundo mayor supercomputador del mundo y a la creación del Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona. Pero ni la compañía informática ni el Ministerio de Ciencia y Tecnología están dispuestos a dar detalles sobre el contrato.
Días atrás el presidente de HP manifestó sus quejas a CincoDías por falta de transparencia y por no haberse contado con competidores de IBM para ofertar. Después, exigió explicaciones a través de una carta dirigida al ministro Juan Costa y ya tiene la respuesta.
Bajo el punto de vista de HP y de Sun Microsystems, el proyecto ha nacido presidido por la opacidad y necesitan conocer los términos del convenio para enjuiciar su legalidad. 'HP ha demostrado su compromiso con España durante muchos años y lo sigue haciendo con importantes inversiones, por eso tenemos la impresión de que se nos ha ignorado', defiende Santiago Cortés.
Por su parte, Adolfo Hernández, director general de Sun Ibérica, asegura que 'en un proyecto tan significativo para la comunidad científica, sólo un concurso que permita la participación amplia y abierta de proveedores puede conducir al verdadero valor añadido y a alcanzar la máxima calidad'.
El ministerio se defiende y asegura que 'no es cierto que exista una adjudicación a dedo a IBM en el caso del supercomputador'. El proceso, mantiene un portavoz de Ciencia y Tecnología, ha sido al contrario: 'Fue IBM la que, con un equipo liderado por el científico Mateo Valero catedrático de Arquitectura de Ordenadores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), se acercó al Gobierno con este proyecto y nosotros lo apoyamos'. El procedimiento ha respetado la Ley de Contratos de la Administración Pública y ha sido supervisado por la abogacía del Estado, según el ministerio.
Sin embargo, Javier García Tobío, director del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), muestra su extrañeza de que 'un proyecto de interés nacional haya sido liderado por una empresa y no por el propio Ejecutivo'.
Las negociaciones entre Gobierno e IBM comenzaron a finales de 2003: 'Nuestra compañía necesitaba instalar el prototipo de un supercomputador para investigar la futura generación de estas máquinas. Se hizo saber a distintos Ejecutivos e instituciones y se consideró la aportación de la UPC y de la Administración. No cabe, por tanto, concurso alguno', explican desde IBM.
Los competidores de IBM no descartan acudir al futuro Gobierno. Fuentes del PSOE señalan que estudiarán el caso y que lo frenarán si vulnera la legalidad.
polémica La versión oficial no convence a todos
Hoy habrá explicaciones del Gobierno a HP'Ciencia y Tecnología parece haber olvidado el compromiso de nuestra compañía con España'. Sólo de este modo, el presidente de HP, Santiago Cortés, se explica que fuera la prensa quien le dio la noticia de la instalación del segundo mayor supercomputador en España. 'Si paga el Ejecutivo que nos digan cuántos quieren, nosotros siempre hemos ganado este tipo de proyectos en concursos', sostiene.El director general de Sun se enteró por la prensa'La noticia nos sorprendió. No hubo convocatoria previa a un concurso público ni notificación de ningún tipo a Sun Microsystems', afirma el director general de Sun en España, Adolfo Hernández. La compañía 'formaría parte del proceso de selección del superordenador que se acaba de anunciar si el Gobierno decidiera hacer este proyecto de forma colaborativa', añade Hernández. IBM asegura que la fórmula del acuerdo es legalLa firma presidida por Amparo Moraleda necesitaba un supercomputador, se ofreció a distintos países y valoró la experiencia de la comunidad científica catalana y la apuesta decidida del Gobierno', dice un portavoz de IBM. La firma no quiere desvelar las características clave de la máquina ni su precio, porque sería dar pistas a la competencia. Pero sí dice que 'el Ejecutivo ha elegido la fórmula del acuerdo y ésta es legal'.
Los científicos temen quedarse sin fondos
El secretismo ha disparado las críticas de importantes miembros de la comunidad científica. 'España necesita capacidad de cálculo, pero la forma en que se ha anunciado es electoralista y partidista', dice el director general del Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca), Miquel Huguet. Desde su punto de vista, 'no se ha dado oportunidad a la industria informática, con lo que eso conlleva de escaso respeto a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas'.Igualmente sorprendidos están el catedrático de Computadores de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Tirado, y Javier García Tobío, director del Cesga en Galicia. 'Ni yo ni los compañeros más cercanos conocíamos la existencia del acuerdo. Sólo conozco lo que ha salido en prensa, y es bastante confuso', señala Tirado. García Tobío apunta: 'Me enteré un día antes, pero con hechos consumados'.Los expertos coinciden en que cualquier gigaflop que llegue a España será bien recibido 'venga de donde venga'. Lo que no entienden es cómo no se les ha consultado dada su experiencia de más de 10 años en supercomputación. Desde los centros públicos regionales (Cesga y Cesca) reconocen que la capacidad de cálculo de sus instalaciones está saturada. Y, por esta razón, les gustaría conocer la arquitectura del que será el segundo mayor supercomputador del mundo: 'Sólo de este modo sabremos en qué podremos utilizarlo', dice García Tobío.Los científicos temen que la inversión de 70 millones en el Centro Nacional de Supercomputación les deje sin recursos financieros para el mantenimiento de las instalaciones ya existentes y futuros proyectos. 'Deseamos que no ocurra'.Atentos a:La fórmula de concurso ha sido la utilizada por los centros públicos de supercomputación españoles para elegir al proveedor de tecnología. Con IBM parece haberse alcanzado un convenio de colaboración, pero el Gobierno no ha confirmado detalles del mismo.