El objetivo es reforzar las normas de buen gobierno
El PSOE cree que la legislación actual sobre gobierno corporativo no resuelve 'adecuadamente los déficit de buen gobierno de las empresas' y que la aplicación de estas normas exige reformas en el modelo y en las competencias de los órganos reguladores, 'que no han sido abordadas con rigor ni el la Ley Financiera ni en la Ley de Transparencia'.
Para el PSOE el buen gobierno es 'uno de los ámbitos más importantes de la política económica'. En su programa asegura que, en materia de transparencia, los cambios legislativos que se han producido sobre operaciones vinculadas y uso de información privilegiada 'son insuficientes y arbitrarios'.
Y entre sus propuestas concretas destaca la intención de reforzar e impulsar la independencia de los organismos reguladores: 'se les dotará de más medios para la inspección y el control', asegura.
Además, se muestra a favor de hacer pública la información sobre la remuneración de directivos y consejeros. Y, a pesar de que son conscientes de que la medida puede suscitar recelos, explican que directivos y administradores 'son quienes gestionan los activos que los inversores ponen en sus manos y éstos tienen derecho a saber cuánto cobran por las gestiones que realizan'.
Un nuevo código
El futuro gobierno cree adecuado elaborar un nuevo código de buena conducta, 'que revise y amplíe sus actuales recomendaciones y sea totalmente compatible con el desarrollo de los mercados de capitales'.
Otra de las propuestas que se recogían en su programa electoral pasa por incentivar económicamente a las empresas que implanten planes retributivos para toda su plantilla que vinculen parte de la remuneración a los beneficios, 'como manifestación expresa del compromiso de la empresa con la participación sustantiva de los trabajadores y como mecanismo de flexibilidad interna'.
El PSOE es además partidario de crear incentivos 'económicos y reputacionales' que, junto a las medidas de carácter regulatorio, sirvan para fomentar la transparencia informativa de las empresas 'en términos de balance económico, social y medioambiental'.
Además, considera que con la actual legislación sobre transparencia, el pequeño accionista seguirá sin recibir información precisa sobre la marcha y los planes de la empresa ni podrá participar en las decisiones que se toman. Creen que para solucionar esta situación se debería regular la figura de consejero independiente 'con el fin de reforzar su peso en el consejo de administración'.