Los grandes retos económicos

Garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a la amenaza terrorista será, sin lugar a dudas, el principal reto del nuevo Gobierno. En el terreno económico, mejorar la calidad del empleo se presenta como el objetivo más apremiante

Vivienda: Frenar el precio tras cinco años de alzas superiores al 10%

Desde 1998 el precio de la vivienda se ha duplicado como media, gracias a la fortaleza de la demanda y a una coyuntura económica favorable. Al principio del boom, los incrementos de precios se justificaban por el aumento de la renta disponible de las familias, pero después de cinco años con encarecimientos superiores al 10%, la escalada comienza a preocupar por la posibilidad de un cambio brusco de tendencia.

El Banco de España y otros organismos han alertado sobre el efecto de una subida de los tipos de interés sobre las economías domésticas, ya que no dejan de salir a la luz informes sobre el elevado endeudamiento de las familias y cómo se encuentra al límite su capacidad de gasto para otros bienes, servicios o ahorro. Después de que se haya conocido que 2003 marcó un nuevo récord con un incremento de precios superior al 17%, las alarmas han vuelto a dispararse. Así, el nuevo Gobierno deberá afrontar la puesta en marcha de mecanismos capaces de frenar los precios. Una de las causas esgrimidas por el sector como culpable de este boom es la escasez de suelo listo para edificar, por lo que la cooperación entre las tres Administraciones se hace más urgente que nunca. Otra de las actuaciones que el sector considera urgente es la agilización de los plazos del proceso urbanizador, así como el incremento de la oferta de alquileres.

Deslocalización: Calidad para competir contra los menores salarios del Este

Samsung, Philips o Volkswagen son ejemplos de grandes empresas que están trasladando parte de su producción al este de Europa en busca de menores costes laborales.

La fuerte competencia de estos territorios sólo puede superarse con bienes y servicios de mayor calidad, ofrecidos por empresas más competentes y con el apoyo del Gobierno.

Sin embargo, este apoyo debe establecerse desde leyes desreguladoras de los mercados, para que no sean consideradas como ayudas de Estado por la Unión Europea, prohibidas desde la legislación comunitaria.

Es clave también mantener a raya la inflación y cualquier otra variable que incida sobre la evolución de los costes en general. En los últimos meses, las tensiones inflacionistas están más o menos controladas (el IPC de febrero cayó al 2,1%, la menor tasa en cinco años), pero también es cierto que los precios están muy influidos por variables exógenas muy volátiles como el precio del petróleo, otra vez en alza, y el comportamiento de ciertos sectores dados a subir precios cuando repunta la demanda como el turismo y los servicios en general.

El apoyo a la internacionalización de las empresas es también clave. Competidores naturales como Italia, Alemania o Francia llevan mucha ventaja a España en su implantación territorial en los países del Este. La estructura empresarial española, basada en empresas de menor tamaño que las pymes del resto de la UE, dificulta la competencia.

Las ayudas públicas a la exportación e inversión en el exterior son crecientes, pero insuficientes.

Fiscalidad: Crecer con rebajas tributarias y sin abandonar el equilibrio

Hacer compatible reformas tributarias y equilibrio presupuestario será uno de los retos del nuevo Gobierno salido de las urnas. Las cuentas del conjunto de las Administraciones públicas se encuentran en ligero superávit (0,3% del PIB), cosechado tras varios ejercicios de consolidación fiscal y, gracias, sobre todo, al buen comportamiento de la Seguridad Social. Sin embargo, tanto el Estado central como las comunidades y municipios no han conseguido aún alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos.

De cara a los próximos años, quedan pendientes nuevas reformas de tributos estatales, en especial, del IRPF y del impuesto de sociedades. Las últimas efectuadas se han saldado, incluso, con un incremento de la recaudación, que da ánimos para las próximas, pero que no garantiza iguales resultados. En el IRPF, se va hacia una menor tributación para las rentas del trabajo, excesivamente castigadas en el tributo. La reforma debe hacerse compatible con nuevos incentivos a la I+D, al ahorro a largo plazo y a la creación de empleo, por las pymes, las grandes generadoras de puestos de trabajo.

El próximo Gobierno deberá adaptarse y al mismo tiempo luchar en Bruselas, por mantener y ampliar el peso relativo de España en una Unión Europea ampliada a 25 socios, donde van a desaparecer, a partir de la segunda parte de la legislatura, gran parte de las ayudas europeas que hasta ahora han contribuido al crecimiento de la economía española. El patrón de crecimiento también está a debate. Un PIB excesivamente centrado en el consumo reclama una mayor participación de las inversiones y del sector exterior.

Empleo: Trabajo para todos y contratos duraderos

Los expertos consideran que en los próximos años no podrá mantenerse el ritmo de creación de empleo. La tasa de paro ha descendido desde cerca del 24% de 1994 al 11% actual, pero el objetivo del pleno empleo no es fácil de lograr sólo con un crecimiento económico sostenido. Son precisas una serie de reformas estructurales en el mercado de trabajo que logren remover los obstáculos existentes.

La explosión de la ocupación en los últimos años, que se ha convertido en un activador del crecimiento económico más que en una resultante del mismo, ha estado en parte impulsada por incentivos fiscales a la contratación, como la reducción selectiva de cotizaciones por la creación de empleo estable, y la rebaja del coste del despido para los nuevos contratados. Ahora el Gobierno sabe que tiene que hacer algo diferente, puesto que la reducción del despido seguramente está agotada y la fórmula de reducción selectiva de cotizaciones, también. Lo lógico es retomar las reformas abortadas en la última legislatura, como la determinación de los salarios, la prestación por desempleo y los ajustes en los sistemas de formación.

En materia de determinación de salarios, tiene sentido proporcionar más poder a los convenios de empresa, más ajustados a la realidad de la actividad, y restar protagonismo a los acuerdos sectoriales, que a veces imponen condiciones salariales de difícil cumplimiento para algunas empresas.

Pensiones: Reformas para paliar el efecto del envejecimiento

El generoso superávit que registra la Seguridad Social (cerca del 1% del PIB) no es excusa para retrasar la reforma de las pensiones.

En los últimos años el crecimiento económico ha sido intensivo en la creación de empleo y ha absorbido a buena parte del colectivo de nacidos en el baby boom de los setenta y a una considerable avalancha de inmigrantes. Además, a partir de 2000 han llegado a la jubilación las generaciones diezmadas de nacidos durante la Guerra Civil, que han supuesto un menor avance en el número de jubilados. La combinación de ambos factores ha proporcionado el excedente de cotizaciones.

Pero esta situación no es eterna. Los nuevos pasivos (pensionistas) acceden con cuantías más elevadas que los que causan baja por fallecimiento y curiosamente las aportaciones de los nuevos cotizantes son sensiblemente más bajas que las de los ya activos. Ello provoca un desajuste financiero que no es preocupante hoy, pero sí cuando dentro de una veintena de años lleguen a la jubilación los grupos de edad más numerosos.

La Seguridad Social debe estar preparada para hacer frente al shock financiero. Para ello sería necesaria una reforma que refuerce la contribución (ajustar la prestación a la cotización, elevando el número de años para el cálculo de la pensión, y los exigibles para tener derecho a pensión), y debe hacerse cuanto antes, puesto que tarda varios años en surtir efecto financiero. Otras medidas complementarias pasan por prolongar la vida laboral, como se ha hecho en varios países europeos, y evitar la avalancha de prejubilaciones.

Infraestructuras E I+D: Mantener el mismo ritmo inversor con menos recursos

El Plan de Infraestructuras de Transporte (PIT) 2000-2007 se puso en marcha la pasada legislatura para tratar de paliar el histórico déficit en equipamientos que padecía España respecto a las principales economías europeas.

El problema era cómo hacer compatible la necesidad de poner en marcha costosísimas obras con la política defendida por el PP del déficit cero. Los fondos europeos y el capital privado han paliado en gran medida esa limitación. De hecho, cuando el PIT culmine, se estima que habrán aportado entre los dos el 40% de los 114.000 millones de euros de inversión global que movilizará.

El gran reto, por tanto, será hacer compatible el mantenimiento del actual ritmo inversor y constructor, uno de los motores del crecimiento económico español, con la reducción de los fondos procedentes de la Unión Europea a partir de 2006 como consecuencia de la ampliación hacia el Este y a la espera de comprobar si el capital privado continúa acudiendo o no a los concursos de obra.

En cuanto al gasto total en investigación y desarrollo (I+D), España permanece a la cola de los principales países desarrollados, después de haber superado en 2002 por primera vez el 1% del PIB.

Las empresas reclaman un nuevo y más ambicioso plan de incentivos (incluidos los fiscales) a la inversión en nuevas tecnologías, capaz de posibilitar la mejora de la productividad de las empresas españolas.

Protección

Es preciso un reajuste que garantice prestaciones por desempleo a los expulsados del mercado y fijar una relación directa entre protección e incentivos a la búsqueda de empleo.

El modelo de Estado

De cara a la estructura del Estado, el nuevo Gobierno deberá evaluar el modelo de financiación autonómica, cuestionado ya por algunos Ejecuti- vos regionales, y negociar el traspaso de competencias desde los Gobiernos regionales a los municipios.

Los que llegan

Un pequeño vistazo al Este sirve para darse cuenta de las diferencias económicas. Mientras España ha alcanzado ya el 87% de la renta media de la UE, países como Polonia sólo llegan al 41%. Ello se traslada a los salarios y por ende a los costes laborales, que son factor de competitividad.