Transparencia para todos
La junta de accionistas de Disney obligó la pasada semana a Michael Eisner a presentar su dimisión como presidente. Aunque hay coincidencia general en que la crisis del gigante del ocio y la comunicación se ha cerrado en falso -Eisner sigue como primer ejecutivo-, el caso ejemplariza bien uno de los principales objetivos del buen gobierno de las empresas: el control de la gestión por parte de los accionistas.
La Ley de Transparencia y la Orden Ministerial que la desarrolla han venido a colocar a España en la avanzadilla internacional en lo que a buen gobierno se refiere. A pesar de las innegables lagunas, las citadas normas y sus antecesoras, los Códigos Olivencia y Aldama, han situado la gestión de las empresas españolas en un plano superior de exigencia. Y no sólo en lo que se refiere a los accionistas, clientes o proveedores, sino ante la sociedad en general. Muchas de las grandes empresas y bancos españoles así lo han entendido, y algunos ya han empezado a dar pasos firmes en este sentido. Sin embargo, quede claro que el buen gobierno no es cuestión de cantidad de documentación, sino sobre todo de calidad en la gestión diaria y en el afán de ir más allá de lo que ya exige la ley.
Las empresas españolas van por el buen camino. Pero queda mucho por andar. Por eso es loable la reflexión realizada la pasada semana por el presidente de la CNMV, Blas Calzada, en el sentido de que todas las empresas, aunque no coticen en Bolsa, deben aplicar los criterios de buen gobierno a su gestión. El peso de algunos grupos privados que no están sujetos a la transparencia exigida en los mercados bursátiles es notable en muchos sectores en España. Por eso la propuesta, apoyada por la generalidad de los expertos mercantilistas, es otro paso en la dirección correcta.