Autonomías, juez y parte
Cuando se trata de abaratar el suelo para reducir el precio de la vivienda, todas las Administraciones públicas, desde el Estado hasta las corporaciones locales, pasando por las comunidades autónomas, dan un paso al frente. Los responsables se llenan la boca de buenas intenciones. Sin embargo, en la práctica no ocurre así. Es lo que ha pasado con las comunidades autónomas. æpermil;stas han aprovechado los dos últimos años para ir elevando los tipos de los tributos cedidos ligados a la vivienda (como el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados). Es decir, han aprovechado el boom del sector para llenar las arcas ante las crecientes necesidades de financiación.
De esta forma, las Administraciones se convierten en juez y parte del problema. Intentan solucionarlo y, a la vez, elevan el precio de los inmuebles con su política tributaria. De cara a la galería prometen tipos especiales para colectivos concretos (discapacitados, jóvenes, familias numerosas...), pero no afrontan el principal problema: la escasez de oferta, tanto del suelo como de vivienda a precio asequible. Una vez más, estamos ante un problema en el que los responsables públicos son incapaces de coordinar políticas económicas, al margen de los intereses partidistas, y sucumben a la tentación de sanear sus cuentas con independencia del beneficio general.
El Gobierno que salga del 14-M tiene una buena oportunidad para empezar desde cero, una vez más. Se trata de sentar a una mesa a todos los agentes económicos y a las tres Administraciones, y agarrar el toro por los cuernos antes de que la creciente deuda de las familias, derivada de sus préstamos hipotecarios, acabe colapsando el crédito bancario, si no la economía en general.