El coste social de los cereales y la opa sobre las aguas
Los cereales constituyen una materia prima fundamental en la alimentación humana, bien directamente en la elaboración de multitud de productos de primera necesidad, o indirectamente al incorporarse a los piensos en la alimentación animal. En España la mitad de una buena cosecha de cereales (11 de 22 millones de toneladas), se destina a fabricar piensos, representando el 58% del total de productos utilizados por esta industria. Nuestro país ha sido tradicional importador neto de cereales y soja, estratégicos para la alimentación de una ganadería industrial que ha permitido a España convertirse en exportador neto en casi todos los subsectores ganaderos, si exceptuamos el lechero. En casos como el porcino, España, hoy segundo productor tras Alemania, avanza para transformarse en primera potencia comunitaria, al haber triplicado su producción la pasada década.
No es la cerealicultura el punto fuerte de la agricultura española y ello es un obstáculo para la ganadería. No obstante, la potente estructura organizativa y la tecnología del sector ganadero intensivo han permitido avances espectaculares. Con las reformas de la PAC -en 1992, Agenda 2000 y 2003- se anunció el descenso en los precios de los cereales y, en compensación, los agricultores cerealistas perciben ayudas directas para mantener sus rentas. Pero mientras los precios de intervención (precios administrativos de compra) disminuyeron efectivamente, hasta 0,10 céntimos/kg, los precios efectivos de mercado han discurrido muy por encima de dicho valor, especialmente en la actualidad, situándose entre 0,15-0,18 céntimos/kg, según productos y calidades.
Los productores comunitarios de cereales y oleaginosas perciben más de 18.500 millones de euros como ayudas directas, es decir, el 47% de todos los gastos de mercados agrarios, a pesar de representar el 14% de la producción agraria comunitaria. Sin embargo, la posición arancelaria de estos productos es muy distinta. Mientras las semillas oleaginosas (soja, girasol y colza) pueden ser importadas libres de cargas, los cereales tienen un precio mínimo de entrada del 155% de su precio de intervención.
Catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid
En este contexto de mercados, súbitamente, nos enteramos de que el Gobierno lanza una opa para adquirir los derechos sobre las aguas subterráneas de los sobreexplotados acuíferos manchegos, para intentar recuperar los 80 kilómetros de río Guadiana que se han tragado los regadíos de cereales y forrajes, desde las Lagunas de Ruidera. Hay que esperar que dicho rescate, al menos, se limite a compensar los derechos correspondientes a los pozos legales. De cualquier modo, llama la atención que, tras la reciente reforma, estas explotaciones agrarias necesariamente deberán cumplir un conjunto de 'requerimientos' medioambientales para percibir los nuevos 'pagos únicos por explotación'. æpermil;stos son herederos de las actuales 'ayudas directas por hectárea', que se calculan proporcionalmente al rendimiento medio comarcal que, en este caso, no es precisamente bajo. Además, por años se ha ejecutado en la zona un programa de ayudas agroambientales, que también pagaba la disminución de uso de agua, con el noble objetivo de recuperar los acuíferos.
La reconversión de cultivos en dichas comarcas viene financiándose públicamente hace una década y, al parecer, aún no se ha llevado a cabo. Desde 1993, comienzo de la última gran sequía, cuando ya se sabía el significado de un modelo de desarrollo sostenible, según datos del MAPA, el precio de las tierras de labor en regadío en Castilla-La Mancha ha escalado de 4.311 euros/ha, a 11.501 euros/ha, en 2002. Y ello, a pesar de conocerse el estado de los acuíferos. Mi impresión es que algo va a pagarse dos veces, ¿tal vez tres?, si incluimos el precio del pan o la crisis ganadera. Nada más lejos de mi intención que desproteger a los agricultores manchegos, pero son precisamente los excesos y abuso de algunos, lo que pondrá en quiebra la PAC y las ayudas que requieren los agricultores y el medio rural. Los tradicionales desequilibrios de la PAC entre sectores, y entre regiones, deberían corregirse mediante las políticas nacionales. Pero, en este caso, el gasto público nacional vendrá a reforzar lo ya descontado comunitariamente.