El Supremo envía de nuevo a la cárcel a De la Rosa
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cinco años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso en 2002 a Javier de la Rosa por los delitos de apropiación indebida y falsedad en relación con la operación Wardbase, primera pieza que se juzgó del caso KIO.
Pese a la sentencia del Supremo, que desestima todos los recursos planteados por la defensa de Javier de la Rosa y confirma la pena de prisión de cinco años y seis meses, el ex financiero no ingresará aún en la cárcel.
Será el primer tribunal sentenciador, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que determine a través de un auto la vuelta a prisión del ex financiero catalán. æpermil;ste cumplía condena en Barcelona por otra pieza de KIO, pero obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado 11 de noviembre, concedido por la Generalitat en medio de una tormenta política.
La defensa de De la Rosa tiene además otra tabla de salvación para evitar la privación de libertad: interponer recurso de amparo ante el Constitucional, como anunció ayer el abogado del ex financiero, Xavier Melero. En el recurso incluirá la solicitud de suspensión de ejecución de la condena mientras no exista resolución del Constitucional.
La defensa del financiero pedirá amparo al Tribunal Constitucional
En todo caso, la sentencia del Supremo, comunicada ayer a las partes, sorprendió tanto a la acusación particular como a la defensa de los acusados por su dureza.
Los cinco magistrados del Supremo no sólo confirman la pena para De la Rosa, sino que ordenan repetir el juicio para otros cuatro imputados en la causa, a los que la Audiencia absolvió por estimar que sus conductas delictivas habían prescrito.
El Supremo establece que el plazo de prescripción de los delitos es de 10 años y ésta es la línea que se debe seguir en el resto de piezas del caso Torras.
En la operación Wardbase, primera pieza separada de las tres en las que se dividió el caso KIO, la Audiencia juzgó la sustracción de 12 millones de euros del grupo Torras, cantidad que fue a parar a una cuenta del diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal en Suiza, quien después dio al dinero 'un destino que no se conoce', según la sentencia.
Las cuatro personas que, según el Supremo, deberán sentarse de nuevo en el banquillo de la Audiencia y ser juzgadas por 'otros magistrados distintos a los del anterior juicio' son Juan José Folchi, abogado del Grupo Torras; Carin Linda Parker, empleada de Folchi; y Miguel Soler y José María Sot, apoderados del grupo.
Con respecto al diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, el Supremo confirma la pena de dos años de cárcel por apropiación indebida, desestimando los recursos de su defensa, que sostenían que éste 'recibió el dinero porque se lo adeudaba el señor De la Rosa dentro de una deuda privada de 10.000 millones de pesetas'.
El Supremo hace suyos los argumentos que en su día aplicó la Audiencia, al estimar que 'no es verosímil la existencia de una deuda privada de tan elevadísima cuantía sin ningún documento que la avale'.
En la sentencia se le condena además a indemnizar al grupo Torras con 12 millones de euros más los intereses legales. Prado deberá abonar esa cantidad solidariamente junto al último acusado por el caso Wardbase, Jorge Núñez Lasso de la Vega (ex consejero delegado de Torras).
El Supremo eleva la pena impuesta en su día por la Audiencia, que acusó a Lasso de la Vega de falsedad en documento mercantil, y añade el delito de apropiación indebida. La pena de prisión para el ex consejero delegado queda fijada por el Supremo en cuatro años y medio.
Las fechas del 'caso Wardbase'
El caso KIO comenzó a fraguarse en la década de los ochenta, cuando el Estado de Kuwait, a través de la Agencia Oficial de Inversiones de aquel emirato (KIO, en sus siglas en inglés), decidió impulsar sus inversiones en España.Compra de torrasEl caso KIO comenzó a fraguarse en la década de los ochenta, cuando el Estado de Kuwait, a través de la Agencia Oficial de Inversiones de aquel emirato (KIO, en sus siglas en inglés), decidió impulsar sus inversiones en España.Irak invade KuwaitEn agosto de 1990 Irak invadió Kuwait, lo que tuvo enormes consecuencias para el emirato en todos los ámbitos. A principios de 1992, Fahad Al Sabah dimite de su cargo comopresidente de KIO.Desvíos de fondosJavier de la Rosa también decide dimitir como vicepresidentedel grupo Torras. Antes, según los hechos probados, desvió fondos del grupo, sacándolos al extranjero y dirigiéndolos a Manuel Prado y Colón de Carvajal, con el que teníafuertes vínculos personales y económicos.Paraísos fiscalesLos pagos a Colón de Carvajal se hicieron a través de una empresa belga, Celulosa de Ardennes, y a través de una sociedad, Wardbase, adquirida en Londres, simulando la prestación de un servicio que nunca existió. El abogadode Torras, Juan José Folchi, buscó un experto en paraísos fiscales para tapar el destino de 12 millones de euros.Quiebra de TorrasEl 26 de mayo de 1992, tras haberse llevado a cabo el pago, Javier de la Rosa dimitió de todos sus cargos en el grupo Torras. En diciembre se declaró la suspensión de pagos delgrupo.
Los juicios pendientes del ex financiero
El 'caso Icsa-Inpacsa', visto para sentenciaEl juicio por la segunda pieza separada del caso KIO quedó visto para sentencia el pasado 2 de febrero. En él se juzga la presunta apropiación indebida de las plusvalías, por valor de 46,2 millones de euros, generadas en la compraventa de las papeleras Icsa e Inpacsa, en 1988. La fiscal Anticorrupción solicita para el ex vicepresidente de KIO penas de entre 11 y 19 años de cárcel. Se solicita la misma condena para Jorge Núñez Lasso de la Vega, entre siete y 12 años de cárcel para José Folchi, y entre dos años y cuatro meses para el ex financiero de Torras Miguel Soler. Al igual que en el caso Wardbase, la Audiencia aceptó la prescripción de los hechos para seis acusados.La descapitalización de Grand TibidaboEn el caso Grand Tibidabo se investiga la descapitalización en casi 66 millones de euros del consorcio Grand Tibidabo en 1992. Esta sociedad se convirtió en el eje de inversión de Javier de la Rosa una vez que éste abandonó el grupo Torras. Las investigaciones iniciadas por un juez de Barcelona en 1995 condujeron a Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien fue vicepresidente de Tibidabo entre 1990 y 1992. El magistrado imputa a siete ex directivos del consorcio diversos delitos, como estafa, apropiación indebida y falsedad documental. El fiscal pide para De la Rosa 13 años de cárcel, para Prado cuatro años y para el ex presidente de Grand Tibidabo, Joan Cruells, 10 años.Pincinco y Oakthorn, apropiación indebidaLas operaciones Pincinco y Oakthorn son otras dos piezas del caso KIO que deben ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En la operación Pincinco se investiga la apropiación de 300 millones de dólares, procedentes del grupo Torras, a través de la sociedad Pincinco Ltd. La operación Oakthorn se centra en la concesión de dos préstamos, uno de 55 millones de dólares y otro de 50, a la sociedad instrumental Oakthorn Ltd. El fiscal pide seis años de prisión menor para de la Rosa y Folchi y cinco para Lasso de la Vega y Prado por un delito de apropiación indebida, además de indemnizaciones que rondan los 300 millones por presunto delito de falsedad en documento mercantil.