El pulso exterior

La fiscalidad tras la ampliación

Los sistemas fiscales de los países que se incorporan a la Unión Europea el próximo mes de mayo van a sufrir, están sufriendo, una profunda transformación. De un lado, estos países tienen que eliminar toda una serie de disposiciones internas, fundamentalmente incentivos fiscales a la inversión (como, por ejemplo, las zonas especiales que gozan de determinadas ventajas tributarias, sectores de actividad fiscalmente incentivados, etc.), como consecuencia de los principios y normas comunitarias que velan por el buen funcionamiento del mercado interior.

De otro, pasarán a serles de aplicación numerosas directivas y reglamentos en materia de imposición directa e indirecta, que deberán ser introducidos en sus ordenamientos internos con carácter inmediato. En el ámbito de los impuestos directos, ello supondrá una reducción efectiva de la carga fiscal que soportan las empresas españolas en dichos países sobre determinados flujos de renta (principalmente, dividendos, intereses y cánones).

Por último, desde su incorporación a la Unión, van a quedar expuestos a las resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el cual, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en el auténtico motor de una, todavía incipiente, armonización fiscal en Europa. Su actividad de tutela ha propiciado cambios muy relevantes en numerosas legislaciones fiscales europeas, llegando más allá de lo que en años han conseguido otras instancias comunitarias.

Los convenios de doble imposición evitan crear sociedades holding de cara a futuras desinversiones

Todo lo anterior, además, tiene un efecto directo e inmediato en la fiscalidad del inversionista en su país de residencia (en nuestro caso España), pudiendo alterar, en muchos casos, su estrategia global de inversión en materia fiscal.

Así, la eliminación de la tributación sobre la distribución de dividendos al accionista español va a suponer que los impuestos totales en los países de destino de la inversión sean sustancialmente inferiores al impuesto español correlativo. Esta circunstancia afecta muy directamente a la forma en que estas inversiones deben financiarse o a los esquemas de explotación de la propiedad industrial del grupo.

De otro lado, el hecho de que nuestro país esté firmando convenios de doble imposición con todos los países de la zona simplifica las estructuras de inversión eliminando la necesidad de crear sociedades holding interpuestas, de cara a futuras desinversiones.

En definitiva, nuestras empresas van a experimentar cambios de la máxima relevancia en el entorno fiscal que rodea a sus inversiones en los países de Europa del Este.

Estos cambios, debidamente planificados, deberían suponer una mejora global en la fiscalidad de los proyectos de inversión en todos los países que se incorporan a la Unión Europea. La identificación de los efectos prácticos de dicha ampliación se ha convertido en un objetivo a corto plazo para las empresas españolas con intereses en la zona.

Socio de Garrigues, Madrid