El ex presidente italiano Cossiga, en la lista de presuntos favorecidos por Parmalat
La denuncia de "favores" y entrega de dinero a políticos por los dirigentes de Parmalat, actualmente en prisión, prosigue con el goteo de nuevos nombres, como el del ex presidente italiano Francesco Cossiga.
El ex director financiero Fausto Tonna le ha señalado como implicado, así como al ex ministro democristiano Calogero Mannino y la esposa del ex jefe del Gobierno Lamberto Dini, en su testimonio a los fiscales que investigan el hundimiento del coloso lácteo. Sus declaraciones, realizadas hace unas semanas pero difundidas ahora, Tonna
ilustra algunas compras de Parmalat, que considera "inútiles" y "gravosas" relacionadas "con parientes, amigos o recomendados" de los políticos mencionados.
Francesco Cossiga ha quitado hierro a la acusación, alegando abiertamente que ha recomendado "a muchos industriales en su vida", mientras Mannino ha defendido que su vida pública sólo ha seguido intereses institucionales.
El ex director financiero de Parmalat también denuncia al presidente de Capitalia (antigua Banca di Roma), Cesare Geronzi, de haber pedido un "favor" de la misma índole respecto a la compra de la división de tomates de la alimentaria Cirio, también en bancarrota.
Los políticos señalados por Tonna forman parte de la treintena que el ex presidente y fundador del grupo lácteo, Calisto Tanzi asegura que recibieron durante 20 años "financiación" a cambio de favores, según ha trascendido de sus declaraciones, hasta el momento secretas.
Mientras los jueces y fiscales de Parma y Milán prosiguen con las investigaciones y evalúan el alcance de las denuncias, el Gobierno de Silvio Berlusconi ha aplazado hasta el martes la aprobación de un decreto ley que refuerza los controles a las empresas y extrema la protección de los ahorradores. En paralelo, el comisario designado por el Ejecutivo, Enrico Bondi, intenta reflotar la empresa, a la espera de recibir de los bancos un préstamo de 150 millones.
La insolvencia de Parmalat, a la que una auditoría en curso atribuye un agujero provisional de 14.300 millones, ha agudizado el caso de los inversores afectados por quiebras y bancarrota en Italia, calculados en unos 800.000.