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Columna
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El pacto y el euro

Mientras la presidencia irlandesa no sabe muy bien qué hacer con el proyecto de Constitución, el Ecofin se ha reunido en Bruselas con dos temas estrella sobre la mesa: el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y la revaluación del euro frente al dólar. En su anterior reunión dejó en suspenso la aplicación del primero y aparentó no preocuparse demasiado por lo segundo. Algo ha cambiado desde entonces: la Comisión ha optado por atacar en justicia al Consejo ante el Tribunal de Luxemburgo y la preocupación del BCE por la escalada del euro ha hecho retroceder su cotización por primera vez en mucho tiempo.

Por una ironía de la historia, la crisis institucional de los mecanismos que Alemania impuso para garantizar que el euro sería tan fuerte como el marco se produce en medio de su escalada ante el dólar, lo que permite dudar de su pertinencia. Algunos venimos diciendo hace tiempo que no respondían sino a las circunstancias políticas y económicas que imperaban en los tiempos de Maastricht, que son bien diferentes de las actuales. Y es de lamentar que todo el mundo haya tardado tanto tiempo en reconocerlo.

A los mercados, tan proclives a castigar las veleidades de los Gobiernos en materia de déficit público, no parece haberles importado mucho que los dos grandes de la eurozona se saltaran el límite del 3%, probablemente porque consideran que en recesión es normal que el déficit crezca de forma moderada y que EE UU tiene muchos más problemas de estabilidad.

Pero pretender seguir aplicando el PEC era aceptar que las reglas no eran las mismas para todos. Y no hacerlo era reconocer que la zona euro se había quedado sin normas de disciplina presupuestaria. Por ello, la guardiana de los tratados acude al Tribunal de Luxemburgo y, aunque no es la primera vez, es la primera en que la discrepancia afecta a una cuestión tan importante. Pero Jacques Delors nos dice que él no lo hubiera hecho porque el problema no es jurídico sino político. Razón de más para que los jueces extremen la prudencia y se salgan por la tangente como ya hicieron con los conflictos presupuestarios que oponían a Consejo y Parlamento en los noventa. La respuesta puede tardar en llegar, incluso más de lo que le queda de vida a la actual Comisión. Y predecirla es más difícil que el tipo de cambio del euro. Pero incluso si los tribunales diesen la razón a la Comisión, ésta tendría que someter de nuevo sus propuestas al voto del Consejo.

Por ello, aunque la Comisión deba defender los procedimientos cuya aplicación tiene encomendados, el problema no es de éstos sino de fondo. Lo importante es reformar un pacto que el propio Romano Prodi consideraba 'estúpido' y que ya todo el mundo parece convencido de que no es adecuado para coordinar presupuestariamente la zona euro y garantizar la solvencia de la moneda única.

Ha hecho falta constatar que el PEC no era aplicable a Alemania para que se empiece a hablar seriamente de la necesidad de su reforma. Hemos pasado los dos últimos años escuchando a un coro de Gobiernos que defendían el pacto mientras lo violaban sistemáticamente e impedían que en la Convención se hiciesen propuestas de reforma que permitiesen poner en marcha una verdadera coordinación de las políticas presupuestarias. Pero nunca es tarde si la dicha es buena.

La reforma es imprescindible porque, al basarse en el único criterio del déficit público anual, el PEC es demasiado sensible a los cambios coyunturales. Cuando se alcanza el límite del 3% es demasiado tarde para reaccionar y las medidas que serían necesarias para reducirlo no hacen sino agravar la situación económica y generar nefastas consecuencias sociales.

Para asegurar la estabilidad presupuestaria habría que tomar más en cuenta la deuda pública acumulada y, en general, la viabilidad a medio plazo de las finanzas públicas, lo que tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población y con las inversiones que preparan el futuro. Otro problema que ahora reaparece es el lugar que el PEC debe tener en la arquitectura institucional de la Unión. Hoy no forma parte integral de los tratados y su revisión debería ser coherente con la parte económica del proyecto de Constitución. Pero, después del fracaso de Bruselas, ni la Comisión ni los Gobiernos están en condiciones de plantearse objetivos más ambiciosos. En todo caso, la propuesta de Solbes, aun aceptada por una Comisión profundamente dividida, ofrece a la Unión una oportunidad, que no debiera perder, de revisar una pieza clave de su funcionamiento.

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