Rato justifica el blindaje de Repsol
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, expresó ayer su convicción de que el Gobierno español ha adaptado el régimen de la acción de oro (golden share) a las exigencias de la Comisión Europea y justificó, aunque sin citarla expresamente, que se haya dejado fuera de esta modificación a Repsol YPF por operar en un mercado estratégico como es el energético.
'Creo que hemos adaptado la legislación a lo que nos pedía Europa y hemos tratado de responder a las diferencias de los mercados de cada una de las empresas', argumentó Rato.
Recordó que en un mercado 'esencial como el energético' todos los países tienen reglamentaciones específicas, 'que el Gobierno español ha trasladado, por ejemplo, a disposiciones adicionales que tratan de proteger a la economía española de presencias de compañías energéticas de países que no tengan liberalizados sus mercados', añadió.
De esta forma, Rato aludía también a la disposición adicional tercera incluida en la Ley de Acompañamiento de 2000 que limita al 3% los derechos de voto de empresas con participación pública en el capital de compañías españolas que operen en sectores estratégicos.
Gracias al nuevo régimen de acción de oro, introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004, desde el pasado 1 de enero cualquier inversor podrá adquirir una participación superior al 10% en Telefónica, Endesa, Indra e Iberia, pero sólo cuando las compras sean 'meramente financieras'. El Gobierno ha dejado al margen de esta modificación a Repsol.
Por su parte, la Comisión Europea explicó ayer que está estudiando si la nueva legislación se ajusta a lo indicado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en mayo de 2003 consideró ilegal los derechos de que el Estado disponía en una serie de compañías privatizadas como Repsol, Telefónica o Iberia.
El portavoz comunitario, Jonathan Todd, señaló que Bruselas ha iniciado los contactos con las autoridades españolas para conocer las nuevas disposiciones y que el Ejecutivo comunitario va a analizar 'de cerca todos los pasos' que ha dado el Gobierno español en esta materia desde la sentencia condenatoria.