Kutxa y Vital se rebelan contra la Ley de Cajas
El Gobierno vasco ha encontrado en su propio territorio una oposición inesperada y quizá la más profesional y alejada de los tintes políticos que encubren otros anunciados recursos a su política de legislación en materia de entidades de crédito.
Dos de las tres cajas de ahorros con sede social en Euskadi, la Vital Kutxa y Kutxa de Guipúzcoa, han coincidido a la hora de acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y recurrir un decreto que, según su criterio, no ha recogido unas peticiones que tenían como objetivo 'preservar la independencia y la autonomía de las cajas de ahorros'.
La tercera entidad de ahorro vasca y la primera por recursos y beneficios, la BBK, ha mantenido hasta ahora una actitud más diplomática. Sin embargo, medios cercanos a los órganos de gobierno de esta caja han asegurado que el decreto 'es bastante intervencionista y recorta nuestro margen de maniobra'.
La autorización para participar en otras entidades y el control de la obra social centran las diferencias
Las discrepancias con el Ejecutivo vasco se basan en la toma de participación en otras entidades y la intervención en materia de la obra benéfico-social. En el texto aprobado por el Departamento de Hacienda, dirigido por la vicelendakari del Gobierno de Euskadi, Idoia Zenarruzabeitia, se establece, entre otras cuestiones, que las tomas de participación, directa o indirecta, en el capital de otras entidades que superen el 5% de su capital 'deberán solicitar autorización' del Ejecutivo.
Además, y en lo que se refiere a la obra benéfico-social, se atribuye la potestad, 'previa audiencia de las cajas', de fijar las directrices generales en este campo 'teniendo las cajas, libertad de elección de los proyectos y actuaciones concretas'.
Una batería de recursos contra la ley
El Gobierno de Vitoria se encuentra con una batería de recursos contra el decreto y la Ley de Cajas de Ahorros vasca. Esta legislación, de aplicación efímera después de la aprobación de una enmienda reflejada en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004 y que obligará a modificar su normativa, ha concitado un buen número de rechazos.A los de Vital y Kutxa, centrados más en temas de gestión que en la composición de sus órganos de control, se suman los del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) en un recurso presentado en octubre de 2003 ante el Tribunal Constitucional (TC).Populares y socialistas denunciaron los criterios de elección de los consejeros generales, impositores y corporaciones locales, al entender que se introducía un criterio de discriminación con las comunidades donde las entidades de ahorro vascas cuentan con sucursales.A este argumento, el Ejecutivo vasco elevó una respuesta al TC y alegó que los criterios de ponderación -número de representantes en base al grado de implantación de la entidad según su población- se aplican por igual a todas las comunidades, 'incluida la del País Vasco'.