Bruselas revisa una norma de residuos que abocaba a la quiebra a las empresas
En algún momento entre el 13 de junio de 2000 y el 27 de enero de 2003, el coste de la recogida y tratamiento de miles de fotocopiadoras desvencijadas, pantallas de ordenador apagadas para siempre o faxes detenidos en su última arcada de papel, recayó sobre los fabricantes de esos productos.
Durante los dos años y medio de tramitación de la directiva que regula el tratamiento de los residuos electrónicos a partir de este año, alguien en Bruselas se olvidó de precisar a quién correspondería financiar el reciclado de la chatarra electrónica acumulada en Europa durante las últimas décadas. Por omisión, la redacción final descargaba en el productor todo el coste de esa labor e incluso imponía a las empresas la anotación instantánea en su resultado contable del futuro pasivo.
La Comisión Europea calcula que la factura de ese reciclado podría superar los 4.000 millones de euros. 'Suficiente como para que las empresas con mayor cuota de mercado se hubieran tenido que declarar en quiebra técnica', afirma Orgalime, la asociación que agrupa a más de 130.000 fabricantes de productos electrónicos. Ante el inminente desastre, la Comisión, el Parlamento Europeo y los Quince se apresuraron a firmar una declaración conjunta por la que se comprometían a enmendar el error con carácter de urgencia.
La CE calcula en más de 4.000 millones el coste de recuperar la chatarra acumulada
Ha sido necesario tramitar toda una nueva directiva para enmendar el artículo 9 del texto anterior. El sector respiró aliviado cuando el nuevo texto se aprobó en tiempo récord el pasado 25 de noviembre. 'La industria agradece que las instituciones hayan acordado rápidamente un planteamiento pragmático sobre este asunto', afirma Adrian Harris, secretario general de Orgalime.
La nueva directiva mantiene la obligación del fabricante de asumir los costes del reciclado de los aparatos vendidos a clientes particulares. Pero le exime de la responsabilidad general en cuanto a los llamados clientes industriales (empresas, bancos, oficinas, etc.). En este caso, sólo les corresponde ocuparse del reciclaje si reemplazan el antiguo producto con uno nuevo. Y, lo que resulta crucial desde el punto de vista contable, no necesitarán anotar una ingente reserva sobre los hipotéticos costes del reciclado.
La maquinaria legislativa impidió corregir el fallo en su momento
¿Cómo es posible que la Comisión Europea, 626 eurodiputados y 15 Ministerios de Medio Ambiente no se percatasen del error en la flamante directiva sobre residuos electrónicos? 'La culpa fue del propio procedimiento', disculpa Viktor Sundberg, director de asuntos europeos de Electrolux, una de las empresas que habría tenido que computar en sus resultado el coste de reciclar productos vendidos hace décadas. El sector se percató del riesgo en la recta final de la tramitación, 'pero el procedimiento impedía ya enmendar la ley'.