Ahora, el e-DNI
La sociedad de la información no podrá desarrollarse plenamente si los ciudadanos no confían en la seguridad de las comunicaciones por Internet. Para lograrlo se creó la firma electrónica, un archivo que se adjunta al correo electrónico y que permite a los receptores de un mensaje tener la seguridad de que su contenido no ha sido alterado en el camino y que el remitente es quien dice serlo; una herramienta que asegura la realización de transacciones electrónicas en redes abiertas, como es Internet. Esa firma permite transmitir un documento o una factura, o realizar un contrato, con garantías plenas de identidad, confidencialidad, integridad y no repudio, los principios que contempla la nueva Ley de Firma Electrónica publicada el pasado 20 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para llevarnos, según dicen, hacia un paraíso en el comercio electrónico y en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas.
Los documentos electrónicos tienen garantizado un futuro esplendoroso pues superan a los demás documentos por su manejo fácil y alta transmisibilidad, así como por su gran capacidad para almacenar información, pero su inmaterialidad les hace vulnerables a sufrir alteraciones sin que quede rastro del transgresor. Por eso surgieron los documentos electrónicos codificados que, con su firma electrónica, permiten la comprobación de su procedencia y la integridad de los mensajes intercambiados, evitando su repudio.
La firma electrónica ya ha demostrado su eficacia y su fiabilidad en el ámbito tributario, donde en 2003 se utilizó en la presentación de 1.800.000 declaraciones de la renta, sin litigios y con una alta seguridad jurídica. Ahora, con las nueva ley, se pretende extender su uso en las empresas y en todas las Administraciones públicas.
El documento electrónico de identidad era uno de los retos del enterrado Info XXI, pero eso no justifica más retrasos
Pero la sociedad de la información no se populariza con leyes. Para que se desarrolle debe prestar servicios muy útiles, su coste de implantación tiene que ser económica e intelectualmente asequible para la mayoría y sus herramientas tener una implantación masiva. Una de esas herramientas es el documento nacional de identidad electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar en el ámbito telemático.
La nueva Ley de Firma Electrónica sienta la base jurídica para regular el futuro documento y la implantación del e-DNI ayudará a que se generalice el empleo de la firma electrónica reconocida, con el mismo valor legal que la manuscrita, aunque para su uso será necesario lo siguiente: disponer del correspondiente programa informático, comprar un lector del chip de identificación que almacena la firma y los datos personales del usuario y tener conocimientos técnicos suficientes para utilizarlos, lo que demanda más inversiones en la alfabetización digital. Además, no olvidemos que hoy sólo el 27,8% de la población adulta accede a Internet, y eso que 2003 ha sido un año de lujo, con un aumento de más de 23% en el número de internautas.
La Ley de Firma Digital se esperaba que estuviese aprobada en marzo, y llegó al BOE en diciembre. El e-DNI podía haber estado en diciembre, y ya veremos si está disponible para finales de 2004. La ley tiene que desarrollarse con un reglamento y de momento para el e-DNI sólo se ha fijado el marco legal básico, estando pendiente una normativa específica sobre las particulares de su régimen jurídico... y hay unas elecciones generales en marzo.
El e-DNI era uno de los retos del fallido y ya enterrado Plan Info XXI, que debía meternos por la puerta grande de la sociedad de la información. El que se haya retrasado no justifica nuevos retrasos. El Estado debe ofrecer, sin demora, una identificación electrónica barata, y mejor si estimula la competencia entre los emisores de certificados digitales permitiendo que todos sean válidos en todo el Estado; debe invertir más en alfabetización digital; debe proveer software y lectores baratos, que deberían ser incorporados a los ordenadores nuevos para ahorrar un equipo adicional, y, sobre todo, debe desarrollar cuanto antes la legislación que permita que ese e-DNI, similar de diseño al actual pero con tacto de tarjeta de crédito, lo emita el Ministerio del Interior en muy pocos meses. Es el principal reto de la Internet española para 2004.