Energía

Endesa calcula que Kioto encarecerá la luz un 7% al año

Un estudio elaborado por Endesa y suscrito por el resto de las compañías eléctricas, excepto Iberdrola, augura un negro horizonte para el sector de producirse 'una aplicación inadecuada' de la directiva de la UE sobre emisiones contaminantes que recoge los objetivos del Protocolo de Kioto.

En la hipótesis de que la producción de carbón sea sustituida por la de ciclos combinados, los costes del sector se incrementarían en 1.200 millones de euros al año hasta 2012, fecha límite de aplicación de la directiva, lo que supondría, según el informe, un impacto sobre el precio de la electricidad del 7% anual.

El coste del combustible se encarecería 580 millones al año, mientras que la inversión en nueva capacidad de generación 'innecesaria' tendría un valor total de 6.500 millones de euros, 650 millones anuales hasta 2012.

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Además, la compra de derechos de emisión por parte de las empresas tendría otro impacto añadido del 15% en el precio de la electricidad, hasta 2.500 millones de euros anuales. Pero los efectos, según los cálculos de las eléctricas, no quedan ahí. El cierre de la industria del carbón supondría un deterioro de 1.100 millones de euros al año en el PIB y 1.350 millones de euros en la balanza comercial, como consecuencia de las mayores importaciones de gas.

Si se favorece a los ciclos combinados frente a las centrales de carbón, las que emiten más CO2, se cerrarían, según el informe, hasta 11.000 megavatios de centrales de generación con carbón, lo que supone un tercio de la capacidad productiva del sector eléctrico, que son 'eficientes y aún no están amortizadas'.

Las tesis de Iberdrola

Frente a Iberdrola, que mantiene la tesis de que el sector eléctrico puede cumplir con el Protocolo de Kioto, sustituyendo la producción con carbón de importación por ciclos combinados, entre otros, Endesa, Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo consideran muy onerosos estos cambios. Aunque los responsables de Iberdrola recalcan que la compañía no se opone a la producción con carbón nacional, sus competidoras consideran que esto no solucionaría el problema.

Según el informe, por debajo de una utilización de unas 4.000 horas, las centrales y las minas asociadas dejan de ser rentables, por lo que deberían ser sustituidas igualmente.

Otro de los argumentos utilizados en el estudio contra una aplicación estricta de la directiva sobre emisiones, es que ésta acabaría con la tendencia histórica del sector hacia la diversificación, que se va a potenciar con la apuesta que hace el Plan de Infraestructuras por los ciclos combinados y la energía eólica.

Sin embargo, las competidoras de Iberdrola insisten en que se debe mantener un equilibrio en el actual mix de generación para evitar una mayor dependencia energética del exterior. De hecho, en la hipótesis de que se sustituyera el carbón por el gas, el estudio sostiene que esta dependencia en la generación eléctrica aumentaría un 50%, lo que situaría a España 'por encima de la media de la UE y cercana a niveles de países como Portugal o Italia, con grave riesgo en este aspecto'.

Además, la mayor volatilidad de los precios del gas, ligados a la cotización de los precios petrolíferos, desestabilizaría los precios de la electricidad. En contra de este argumento, Iberdrola ha replicado con otro de peso: los precios del carbón son más elevados.

El fin de una incipiente competencia

Uno de los temores que expresan, más o menos públicamente, las compañías eléctricas con un mayor peso del carbón en su parque de generación, es que la reducción de emisiones no puede ser el único objetivo. Y se remiten a la Ley Eléctrica, que establece que hay que 'garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad y que ésta se realice al menor coste posible'; todo ello, 'sin olvidar la protección del medio ambiente'.

Las empresas del sector eléctrico, excepto Iberdrola (que sólo genera un 6% de la energía con carbón), han encargado un estudio para mostrar los efectos económicos que puede conllevar una aplicación estricta o 'inadecuada' de la directiva sobre emisiones contaminantes.

El informe concluye que dicha aplicación terminaría afectando a los costes del sector y, por lo tanto, provocaría distorsiones competitivas muy importantes en el funcionamiento del mercado eléctrico en el periodo que la directiva considera como 'piloto', hasta 2007. En definitiva, se producirían 'transferencias de renta importantes de unas empresas a otras' y beneficios 'caídos del cielo' para empresas con mayor generación hidráulica o nuclear.

Y, por lo tanto, sería un golpe de gracia para la incipiente liberalización del sector. Según el informe, el encarecimiento del precio de la electricidad afectaría a las comercializadoras, que registrarían 'márgenes de comercialización negativos' y no podrían competir.

Una polémica directiva

1. En 1997 un total de 38 países industrializados se comprometieron a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 5% entre 2008 y 2012 respecto a las emisiones registradas en 1990. Los países de la UE acordaron una reducción conjunta del 8%.

2. El protocolo entrará en vigor cuando lo ratifiquen al menos 55 países (algo que se consiguió en 2002) y un conjunto de países que supongan el 55% de las emisiones del año base de 1990. La firma de Rusia el próximo año sería suficiente para su entrada en vigor, pero grandes países industriales, como EE UU y Australia, ya lo han rechazado.

3. Para facilitar su cumplimiento, el protocolo establece mecanismos de intercambio: compraventa de derechos de emisiones entre países y mecanismos de desarrollo limpio. Ciertos aspectos de la regulación, como las multas, están aún en fase de desarrollo por las partes.

4. Al margen de que se apruebe o no, la UE se comprometió a reducir globalmente las emisiones que, en el caso de España, se traducen en un aumento del 15%. Este compromiso se ha plasmado en una directiva que ya ha sido transpuesta por todos los países, excepto España, Grecia y Portugal.

5. Las emisiones afectadas inicialmente son las de CO2, pero en el futuro se incluirán otros gases. Entre 2005 y 2008 quedarán afectadas 12.000 instalaciones de sectores como el energético, cementero o siderúrgico, aunque en el futuro se podrán ampliar. Entre 2005 y 2007 se asignarán gratuitamente, al menos, el 95% de los derechos y entre 2008 y 2012, al menos, el 90%. El exceso de emisión sobre esos derechos supondrá una sanción.